Sí se podía
La inseguridad y los narcopisos han sido una de las principales preocupaciones de los barceloneses en los dos últimos años. Durante este tiempo se ha instalado la sensación de que en el interior del Consistorio se sufría de una sordera impropia de un gobierno surgido del movimiento vecinal. Esto ha sido así hasta que hace unas semanas un ejército de casi mil policías (Mossos d’Esquadra y Guardia Urbana) entró en el Raval para desmantelar una macroestructura de narcopisos crecida al amparo de la inacción oficial. La ofensiva policial no se ha quedado en una actuación cosmética, como algunos vecinos temían, sino que la presión sobre el barrio más inseguro de la ciudad se ha mantenido eficazmente gracias a la intensa presencia de policías.
Esta operación ha revelado algunas cosas interesantes. La primera y más evidente es que ha quedado demostrada la inconsistencia del argumento que esgrimía el Ayuntamiento para no actuar policialmente en el Raval cuando se escudaba en que el narcotráfico es un asunto exclusivo de los Mossos. Esta excusa se desmontó con la intervención de hasta 100 miembros de la Guardia Urbana en la macrooperación de finales de octubre y, sobre todo, con el actual despliegue extraordinario de agentes municipales en el Raval, algo que no se recordaba desde los Juegos Olímpicos de 1992. La Urbana ha desembarcado por fin en Ciutat Vella y el Consistorio no ha reparado en gastos (800.000 euros en dos meses) para pagar las horas extras de estos agentes que han sido reclutados desde todos los rincones del cuerpo, incluso de la unidad canina. Su misión es evitar que los narcos se reinstalen en el barrio después del golpe policial del 29 de octubre. Es significativo lo que explican los propios urbanos sobre las causas de lo que ha sucedido en los últimos años en el Raval: “En cuanto bajas la presión policial en la calle, pierdes el control del barrio”. Por lo tanto y dicho a la manera podemita, sí se podía, pero no se quiso o no se supo actuar a tiempo.
Pero, ¿por qué se ha actuado precisamente ahora? Por una combinación de factores. El principal es la cercanía de las elecciones y el reconocimiento a regañadientes del gobierno municipal de que Barcelona sufre un problema grave de inseguridad. El segundo factor es la aparición de un alcaldable que quiere situar la seguridad como punto fuerte de la campaña electoral. El tercer elemento, y quizás más trascendente, es la nueva configuración política en España y Catalunya y la expectativa que este escenario genera de cara a futuras alianzas después de las diversas elecciones que asoman en el horizonte. Este último factor habría propiciado un acuerdo tácito entre los gobiernos (Ayuntamiento, Generalitat y Gobierno) para atajar el problema de Barcelona antes de que se revuelva irreversiblemente contra los partidos gobernantes y además cortocircuita el discurso del candidato que pretenda hacer bandera de la inseguridad. El PSOE gobierna España con el apoyo principal de Podemos, que incluyen a los Comunes de Barcelona, mientras que los independentistas han perdido la mayoría en el Parlament y necesitan de los Comunes para sobrevivir esta legislatura y quien sabe si la próxima. Así que ayudar a Colau en materia de seguridad es hoy una prioridad.
La actual ofensiva de la Urbana contra los narcopisos demuestra que el Ayuntamiento pudo actuar antes