El impulso a una ley de justicia

Yvonne Pavía, diputada del Col·legi d’Advocats de Barcelona y responsable de las relaciones con la administración y la justicia, asegura que la iniciativa de los jueces para acortar los plazos del concurso de personas físicas es una medida muy buena: “El 95% de las personas que presentan concurso no tienen activos y el protocolo ayudará a que puedan buscar la exoneración de las deudas sin entretenerse en el camino”. Aunque la ley obliga a la liquidación de los bienes, los jueces mercantiles dejan a un lado la vivienda habitual cuando el deudor está al corriente de las cuotas hipotecarias y el valor del piso es inferior a la deuda pendiente. Este criterio se basa en que vender la vivienda en esas circunstancias no beneficia al banco que tiene la garantía hipotecaria ni perjudica a los otros acreedores. El protocolo mantendrá este modo de proceder, que no contradice la norma ni su espíritu, e incorpora plazos mucho más cortos en algunas actuaciones judiciales y en la comunicación con los administradores concursales. “Si consigue aplicar, estará muy bien porque ayudará a que se presenten más concursos de personas que, objetivamente, podrían hacerlo y no lo hacen”, afirma Elisa Escolà, vocal de la sección concursal del Col·legi d’Advocats de Barcelona. Escolà lamenta que, al menos por ahora, sólo se implanten las nuevas medidas en los juzgados mercantiles de Barcelona y el juzgado de primera instancia 50 de la capital catalana.