Fomento rebajará un 30% los peajes de las radiales para ganar tráfico
La relicitación de las vías quebradas, ahora en manos del Estado, sigue congelada
Las autopistas de peaje que cayeron en bancarrota y pasaron a manos del Estado este año siguen pendientes de una solución de futuro. Fomento mantiene congelado el plan para relicitarlas y devolverlas a la gestión privada que ideó el anterior Gobierno. Además de considerar que este proceso contenía importantes lagunas, el departamento que dirige José Luis Ábalos está convencido de que el atractivo de estas vías no es, a día de hoy, el suficiente para atraer inversores, principalmente por sus bajos niveles de tráfico. Por ello, se ha propuesto, como objetivo a corto plazo, aumentarlo. Para ello, se rebajará un 30% de promedio las tarifas de estas autopistas a partir del próximo 15 de enero, según anunció ayer el ministro. Esta medida contrasta con la subida del resto de peajes de concesión estatal, de un 1,67% de media, que se aplicará desde el 1 de enero, según la fórmula de actualización anual que el ministerio pactó con las concesionarias en el 2002.
El recorte de los peajes en las concesiones fallidas, que ahora cobra la empresa pública Seittsa, que se encarga de su explotación, “generará un aumento del tráfico y permitirá que crezcan los ingresos,, mejorar la movilidad y aprovechar mejor estas infraestructuras”, manifestó Ábalos en un acto organizado por El Economista. Estas autopistas,que concentran cerca de un 20% del total de vías de peaje de titularidad estatal, son las cuatro radiales de Madrid R-2 (Guadalajara), R-3 (Arganda), R-4 (Ocaña) y R-5 (Navalcarnero), la M–12 de acceso al aeropuerto de Barajas, la AP-36 OcañaLa Roda, dos tramos de la AP-7 (Cartagena-Vera y circunvalación de Alicante) y la AP-41, esta última todavía en manos de la concesionaria puesto que el proceso concursal todavía no se ha cerrado.
Las autopistas asumidas por el Estado y que gestiona Seittsa tienen un uso desigual, en cualquier caso, por debajo de las previsiones iniciales. Este hecho junto a los sobrecostes de las expropiaciones de los terrenos sobre los que se construyeron fueron las causas de su quiebra. Pese a que en los últimos años han recuperado tráfico, siguen en niveles inferiores a los de antes de la crisis. Y algunas pierden afluencia. La más transitada es la M–12, con 22.125 vehículos diarios en octubre, y la que menos, la AP-41, con 1.157. La media de tráfico por día del conjunto de concesiones autopistas del Estado fue ese mes de 20.141 vehículos, lideradas por la AP-7 Montmeló-El Papiol, que explota Acesa (Abertis), con 116.838, cuya concesión expira el 31 de agosto del 2021.
Un factor complica los planes del Gobierno socialista para estas autopistas: el pago de las compensaciones a las concesionarias por la rescisión anticipada de los contratos, la Responsabilidad Patrimonial de la Administración (RPA). Fomento no ha calculado aún su cuantía. El Ejecutivo popular previó 1.800 millones de euros –que “ya se ha contabilizado en el déficit”, recordó ayer el ministro–, pero los fondos que se han quedado la deuda de estas vías estiman 5.000 millones.
En el acto de ayer, Ábalos también se refirió a la implicación del sector privado en la construcción y
Ábalos defiende la colaboración públicoprivada pero avisa que el ministerio “no es un banco de inversión”
gestión de las infraestructuras. Defendió su colaboración con la iniciativa pública, pero advirtió de que no será a cualquier precio. “Deben aplicarse –explicó– fórmulas equilibradas que resulten beneficiosas para todas las partes”. Pero, advirtió, “el Ministerio de Fomento no puede convertirse en un banco de inversión o en un instrumento de cobertura de deuda”. En este sentido, volvió a llamar a consensuar un sistema de financiación para el mantenimiento de la red y recordó que el plan de inversión en carreteras (PIC) que diseñó el anterior Ejecutivo, que incluía la inversión de 5.000 millones en 2.000 kilómetros de infraestructuras viarias, tenía importantes carencias.