Reclamación conjunta por el nuevo juzgado
El Ayuntamiento de Barcelona y el Govern de la Generalitat apremian al Gobierno central para que ponga en marcha el nuevo juzgado de guardia de delitos leves que debe permitir reducir el colapso judicial que deja este tipo de ilícitos al borde de la prescripción antes de ser juzgados. Tras una reunión celebrada ayer, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y la consellera de Justícia, Ester Capella, reclamaron de forma conjunta al Ministerio de Justicia que apruebe las partidas presupuestarias para que empiece a funcionar el nuevo juzgado a principios del 2019, tal y como había aprobado el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
El sistema arrastra un retraso de cerca de diez meses, entre que se comete el hecho y llega a juicio, y se acerca peligrosamente a la prescripción, ya que este tipo de delitos caducan a los doce meses. “Los delitos menores que afectan al día a día de las personas no pueden quedar impunes”, señaló ayer la consellera de Justícia, Ester Capella. En este sentido, la alcaldesa Ada Colau recriminó que “no puede ser que haya un grandísimo esfuerzo en la calle” e investigación para atajar las problemáticas de los hurtos y haya impunidad por la imposibilidad de tramitar los juicios.
El Ministerio de Justicia debe designar un letrado y aprobar una partida presupuestaria para pagar al juez y así poner en marcha el nuevo juzgado. La consellera pronosticó que el nuevo organismo de guardia podría echar a andar a finales de enero o principios de febrero. El nuevo juzgado, que celebrará treinta juicios al día, podrá absorber los 6.000 asuntos que quedan pendientes.