Empieza el juicio del 1-O.
El Supremo resolverá esta misma semana si la vista se queda en sus manos
El magistrado Manuel Marchena (en el centro) y otros seis jueces del Tribunal Supremo presidieron ayer la vista sobre las cuestiones previas del juicio al procés que tendrá lugar a partir de enero.
Fue una sesión de tanteo, ante la proximidad del juicio oral por el caso 1O, que no se saldó con buen pronóstico para las pretensiones de las defensas. Todos los letrados de los acusados plantearon ayer que el Tribunal Supremo (TS) se tiene que inhibir y que la vista de la causa ha de celebrarse en el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), porque es aquí donde ocurrieron los hechos que en breve –desde finales de enero– se van a juzgar.
Los siete magistrados de la Sala Penal escucharon con atención y las partes se trataron con corrección. No hubo una nota más alta que otra, aunque sí alguna que otra dentellada. Mucha esgrima procesal y algún apunte político, siempre medido. Pero el criterio unánime es que no hay margen para las sorpresas. El juicio tendrá lugar en el Supremo. Lo de ayer fue un ensayo general, una toma de temperatura. El Alto Tribunal ya ha hecho el gasto. Ha instalado cámaras y ha hecho otros arreglos en la solemne sala de plenos, donde cada año se celebra la apertura del año judicial, presidida por el Rey. Ese y otros dispendios no han sido para nada.
Pero en derecho casi todo es discutible. La competencia del Supremo en este asunto lo fue desde el minuto uno. Muchos juristas piensan que el Alto Tribunal se cargó una mochila que no le correspondía lle var. Y que lo hizo para evitar posibles males mayores. Aún resuenan en sus pasillos las palabras del juez Llarena cuando recibió por primera vez a los investigados y a sus letrados. “Esto no es la Audiencia Nacional”, les dijo. Seguramente quiso decir que en ese templo de la justicia se usa el pincel fino.
Los defensores, sin embargo, siempre han creído que lo que más se ha usado en esta causa es la brocha gorda. Lo volvieron a decir ayer. Andreu van den Eynde –abogado de Oriol Junqueras y Raül Romeva– abrió el turno de quejas y denuncias. Lo hizo con verbo cortante y el dedo enhiesto. Hubiera sido un buen fiscal. Nunca juega al cate
naccio procesal. Siempre al ataque. Tardó poco en calentarse. Aquí se ha hecho “una causa general” contra el independentismo –dijo–, y que nadie se equivoque, este es “un proceso político”.
Jordi Pina –defensor de Josep Rull, Jordi Turull y Jordi Sànchez– es más reposado y envolvente. Por el 9N “a Artur Mas se le juzgó en Catalunya”, porque ahí corresponde su fuero, dijo. Y a Homs en el Supremo, porque era diputado. También entonces hubo votantes en el extranjero, y no por eso se entendió que la extensión del delito fuera del territorio de Catalunya justificaba la competencia del Alto Tribunal. ¿Por qué no se hace ahora lo mismo?, se preguntó el letrado. Y se proporcionó a sí mismo la respuesta, “porque ya está todo decidido”. Y añadió que tenía “poca confianza” en poder darle la vuelta al asunto.
Tampoco pareció tenerla Olga Arderiu, abogada de Carme Forcadell. Más aún. “No entiendo –dijo– por qué mi representada está acusada de rebelión”, sobre todo cuando otros exmiembros de la Mesa del Parlament lo están sólo de desobediencia. Arderiu dejó en la Sala una estela de preguntas a la espera de respuesta.
A Judith Gené, letrada de Joaquim Forn, no le cuadra, en cambio, que por un pago de 50.000 euros hecho en Bruselas para supuestos fines relacionados con el 1O se pueda “arrastrar” la competencia hasta el Supremo. La sombra de Bruselas, de nuevo alargada, en un proceso penal en el que todo está “forzado”.
Cuando le llegó el siguiente turno
Las defensas subrayan que los hechos del 1O no ocurrieron fuera de Catalunya
El fiscal destaca que la declaración de independencia tuvo efectos en toda España
a Marina Roig, defensora de Jordi Cuixart, el clima ya se había caldeado del todo. La letrada salió en tromba. Habló de “la indisoluble unidad de España” como una cláusula constitucional que no puede estar “por encima de los derechos democráticos”. Tras este proceso late “un sentimiento patriótico mal entendido”, y en este asunto se ha optado por “la judicialización de un conflicto político”, afirmó. La oratoria de Roig es incisiva, clásica, un estilete basado en el dominio del énfasis y la entonación. El presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, no se perdió ripio.
Los que hablaron después tuvieron que hacer frente al riesgo de la reiteración de argumentos. Por eso fueron más concisos. Mariano Vergés, defensor de Dolors Bassa, subrayó que la declaración de independencia “no tuvo efectos jurídicos”. Mal puede decirse, por tanto, que el caso 1O se juzga en el Supremo porque tuvo consecuencias fuera de Catalunya. Josep Riba, abogado de Carles Mundó, insistió en que todo sucedió en Catalunya. Para Carlos López, letrado de Mireia Boya, detrás de este procedimiento penal hay “una razón de Estado, ideológica, no jurídica”. Mientras que para Juan Segarra, defensor de Santi Vila, todos los hechos que se pretenden constitutivos de rebelión “ocurrieron en Catalunya”.
Raimon Tomás, abogado de Anna Simó, denunció la aplicación “arbitraria e imprevisible” de las normas que deberían dirimir el debate sobre la competencia. Y Enrique Leiva, letrado de Joan Josep Nuet, llamó a su defendido “rara avis de este procedimiento”, porque hasta el fiscal ha dicho “que no es independentista”. De Leiva fue una de las frases de la jornada. En este asunto –dijo– lo que se ventilan son “asuntos humanos impregnados de politicidad”. Tras escucharle, Marchena suspendió la sesión unos minutos y le llamó al estrado. Expectación. ¿Le habrá reconvenido? “Me ha dicho –explicó luego– que me ponga la corbata”. Aaaah, suspiró el corrillo en torno al letrado descorbatado.
Para las acusaciones, es obvio que el caso 1O corresponde al Supremo. El fiscal, Jaime Moreno, buscó ser aplastante. Si se quiso “derogar la Constitución” ¿cómo puede decirse que la declaración de independencia no afectó a toda España? La abogada del Estado, Luisa Pedreño, secundó este planteamiento, y subrayó que “es evidente que hubo muchas actuaciones” relacionadas con el 1O “fuera de Catalunya”. Una tesis plenamente compartida por Vox, que ejerce la acción popular. A su letrado, Pedro Fernández, le bastó con poco más que mostrar conformidad con el fiscal y la abogada del Estado. La resolución se espera para hoy mismo o mañana. El ensayo general duró cuatro horas, con un pronóstico claro y la expectativa de un juicio oral mucho más enconado.c