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La subida de sueldo acordada para los funcionarios, y el asesinato, mientras salía a correr, de la joven profesora zamorana Laura Luelmo.
EL Consejo de Ministros aprobará este viernes la subida del sueldo de los funcionarios para el 2019 por decreto ley, en ausencia de presupuestos generales del Estado. La medida, anunciada ayer por el presidente del Gobierno, contempla un incremento salarial del 2,25%, que se podría complementar con un 0,25% más siempre que el crecimiento del producto interior bruto (PIB) sea superior al 2,5 % en el 2018, algo que previsiblemente ocurrirá.
La mayoría de grupos parlamentarios está de acuerdo en convalidar el citado decreto ley. La subida salarial de los funcionarios fue pactada en marzo pasado entre el gobierno del Partido Popular y los sindicatos de la función pública y asumida ahora en su integridad por el Gobierno del PSOE. El citado pacto ya incluía un aumento del 1,75% para aplicarse en el año en curso.
La medida supone compensar a este amplio colectivo laboral, después de cinco años de recuperación económica, por el fuerte recorte que sufrió en su poder adquisitivo durante la crisis, estimado en un 13,1%. En el Estado español hay 2,5 millones de funcionarios. El 51,6% pertenece a la administración autonómica, el 22,4% a la local y un 20% a la del Estado. Médicos, profesores, policías, bomberos y personal administrativo, entre muchos otros, fueron los primeros en sufrir el rigor presupuestario exigido para ajustar el gasto público durante la crisis, y es justo que se les compense.
En tres años, en virtud del citado acuerdo salarial, los funcionarios deberán obtener un incremento retributivo que oscilará entre el 6,1% y el 8,79%, en función del crecimiento económico. Esta compensación pactada por el Partido Popular, y asumida ahora por el PSOE, desactiva asimismo un potencial foco de conflictos.
La mejora del sueldo de los funcionarios, además, encaja dentro de las recomendaciones de los organismos internacionales, y del propio Banco de España, para incrementar los salarios y favorecer, con ello, el aumento del consumo que, a su vez, es el principal motor del crecimiento económico y del empleo. Ese fue el objetivo también del acuerdo marco salarial 20182020 que firmaron posteriormente la patronal y los sindicatos para el sector privado y que contempla una subida de los sueldos en el entorno del 2% más una parte variable que puede llegar al 1% ligada a conceptos tales como evolución de la productividad, resultados, absentismo injustificado y otros.
El presidente Sánchez, por la vía de la aprobación de decretos leyes, intenta superar los obstáculos que supone para el Gobierno del país el hecho de no disponer de presupuestos generales del Estado y, además, contar con un respaldo parlamentario minoritario. Sería muy positivo para facilitar la gobernabilidad, en este sentido, como solicitó ayer en el Senado el propio Sánchez, que los senadores de Partido Popular, que son mayoría en esa Cámara, dejen de bloquear la senda de déficit público que les propone el Gobierno, de acuerdo con la Unión Europea, y que permitiría un mayor volumen de gasto público para hacer frente a las necesidades sociales que tiene el país. Dicha petición se explica porque el pleno del Congreso volverá a debatir y votar nuevamente, mañana jueves, la citada senda de estabilidad presupuestaria que sitúa el objetivo de déficit público en el 1,8% del PIB para el 2019. En cualquier caso, gracias al citado decreto ley que aprobará el Gobierno el viernes, los funcionarios ya tienen garantizado su aumento salarial.