Compromiso roto
Las organizaciones dan dos meses de plazo antes de recurrir a la vía judicial
Las oenegés ambientalistas francesas amenazan al Estado con llevarlo a los tribunales si no cumple con sus compromisos climáticos.
Emmanuel Macron hace frente a movimientos sociales contradictorios. La ira de los chalecos amarillos, con sus perturbaciones del tráfico y sus protestas violentas, obligó a dar marcha atrás en la introducción de la ecotasa de los carburantes, una medida considerada clave para la transición ecológica. Las oenegés medioambientalistas, por el contrario, se impacientan con el Estado francés y amenazan con llevarlo a los tribunales por incumplir sus compromisos para frenar el cambio climático.
La paradójica situación francesa pone en evidencia los intereses y sensibilidades concurrentes, lo que sitúa al Gobierno ante un dilema irresoluble. No puede contentar a todos. Macron trata, aun así, de lograr la cuadratura del círculo y por eso ha lanzado un debate nacional en el que aspira a conciliar la demanda de más justicia social con políticas ecológicas agresivas que, inevitablemente, entrañan un coste económico.
Greenpeace, la Fundación para la Naturaleza y el Hombre, Oxfam y la asociación Notre affaire à tous enviaron una carta el presidente Macron y al Gobierno en la que reprochan la inacción y avisan de que, si no hay medidas concretas, interpondrán un recurso contra el Estado ante el Tribunal Administrativo de París. En la misiva, se achaca a las autoridades francesas de “acción deficiente” en la lucha contra el cambio climático, fruto de una “carencia culpable del Estado en respetar su obligación de protección del medio ambiente, de la salud y de la seguridad humana”.
Las oenegés signatarias hablan de “una violación de numerosos compromisos de Francia en materia de lucha contra el cambio climático, según el derecho internacional”. El grito de alarma y la denuncia se producen ante la evidencia de las cifras. Las emisio nes de efecto invernadero han subido desde el 2015.
Según el último informe sobre el clima, para el 2030, a escala planetaria, se necesitaría reducir las emisiones de efecto invernadero en un 45% respecto a las del 2010. Sólo así se espera contener el calentamiento bajo la cota de 1,5 grados centígrados, más allá de lo cual los efectos pueden ser muy graves. Francia es signataria de tratados internacionales como el protocolo de Kyoto y el Acuerdo de París. El país se fijó como objetivo reducir al 25% sus emisiones de efecto invernadero para el año 2050 –respecto al nivel de 1990– y de bajar en un 30 % el consumo de combustibles fósiles en el año 2030.
Se da la circunstancia de que la Fundación para la Naturaleza y el Hombre fue creada por Nicolas Hulot, hasta agosto pasado ministro para la Transición Ecológica y Solidaria. Hulot, expresentador de televisión, era uno de los miembros más carismáticos del Gobierno. Dimitió, en parte, decepcionado por el empeño insuficiente del Ejecutivo en avanzar por la senda ecológica. Hulot no sólo tenía problemas para imponer su criterio en materia de emisión de gases sino también en otra cuestión muy es pinosa –y en este momento fuera del gran debate público–, el abandono progresivo de la enorme dependencia que tiene Francia de las centrales nucleares.
La discusión nacional se ha centrado estas semanas en el impacto económico de la ecotasa de la gasolina y el gasóleo en las clases medias, pero se ha hablado muy poco del coste astronómico de poner fuera de servicio las centrales atómicas más antiguas y los serios problemas de seguridad que implica. La energía nuclear no causa emisiones pero tiene otros riesgos, como demostró el caso de Fukushima. Ese accidente reavivó las dudas de los países desarrollados, incluida Francia, que apostó de lleno por esa tecnología, hace casi 60 años, por razones de soberanía económica y de disuasión militar.c
Macron hace frente a presiones opuestas: de ‘chalecos amarillos’ contra la ecotasa y de ecologistas impacientes