Admitida a trámite la querella contra el juez que requisó datos a periodistas
El magistrado, acusado de prevaricación y un delito contra el secreto profesional
El Tribunal Superior de Justícia de Balears (TSJB) admitió ayer a trámite la querella presentada contra el juez Miguel Florit, quien la semana pasada ordenó requisar los móviles y ordenadores de dos periodistas que habían publicado datos sobre el caso Cursach, un asunto de corrupción relativo a este empresario, dedicado a los negocios nocturnos en Mallorca. La decisión implica que la conducta del magistrado en la conducción de dicho proceso va a ser investigada, por si fuera constitutiva de los delitos de los que fue acusado por Diario de Mallorca y Europa Press, los dos medios de comunicación en los que irrumpió la policía por orden de Florit.
La querella le atribuía los delitos de prevaricación judicial, contra la inviolabilidad del domicilio y contra el secreto profesional de los pe riodistas. Los informadores afectados, Kiko Mestre, de Diario de Mallorca, y Blanca Pou, de Europa Press, se sumaron a la acción penal de sus respectivos medios.
La causa contra el magistrado ha sido declarada secreta porque está vinculada a la investigación sobre el caso Cursach, que a su vez tenía la misma calificación. El TSJ de Baleares ha nombrado instructora de las diligencias contra el juez Florit a la magistrada Felisa Vidal. Una de las primeras decisiones que tendrá que tomar, si no la primera, es decidir si, como le han pedido los dos medios citados, ordena la inmediata restitución de ordenadores y móviles a los periodistas requisados.
El juez Florit ordenó a la policía que obtuviera los datos guardados por los periodistas en dichos dispositivos, y que los analizara.
Esta incautación ya podría haber tenido efecto, puesto que la Policía Nacional, por orden del juez Florit, detuvo ayer por revelación continuada de secretos en el caso Cursach a un inspector que fue responsable del grupo de Blanqueo de la Jefatura de Baleares que investigó esta presunta trama de corrupción.
El agente arrestado, que en la actualidad está asignado al equipo de Informática de la Policía Nacional en las islas, fue detenido en la sede de la Jefatura en Palma.
La incautación de los dispositivos de los periodistas se hizo con el propósito de conocer sus fuentes de información. De ahí la gravedad del caso. A juicio de todas las entidades representativas de la profe sión periodística dicha decisión pone en riesgo preceptos constitucionales esenciales, como el relativo al derecho a la información y al secreto profesional.
Los querellantes han pedido que se tome declaración al juez Florit como investigado, y a los periodistas objeto de su requisa, como testigos. El escrito presentado por Prensa Ibérica, editora de Diario de Mallorca, y por Europa Press argumentaba que dicho magistrado “ha tratado de burlar el secreto profesional jibarizando artificiosamente su contenido”.
Añadía el texto que dicho derecho pierde todo su sentido “si los dispositivos o bases de datos de cualquier índole en los que los periodistas introducen su material de trabajo o en los que quedan registro de las comunicaciones con sus fuentes” son incautadas.c
Detenido un inspector de Policía en Palma por revelación de secretos continuada del caso Cursach