Bruselas amenaza con duras multas a España por retrasos en las directivas
El Gobierno se apresura para frenar sanciones de hasta 150.000 euros diarios
En los retrasos en la trasposición de directivas europeas a la legislación nacional, Bruselas suele hacer gala de gran comprensión para los problemas que tiene cada país en cumplir con los plazos, pero tampoco tiene paciencia de santo. Todo tiene un límite, y cuando se rebasa llegan las sanciones. Es precisamente el riesgo que corre España, sobre la que pende la amenaza de multas de 150.000 euros diarios por los dos incumplimientos más flagrantes: la trasposición de la ley de Créditos Inmobiliarios lleva un retraso de casi 3 años y la de la Cuenta Bancaria Básica, 27 meses.
En ambos casos, la Comisión Europea denunció el caso al Tribunal de Justicia de la UE solicitando la imposición de multas, y por lo que respecta a la ley inmobiliaria, la sentencia está próxima. Hay vista fijada para inicios de 2019. En este caso, Bruselas pide que se impongan 105.000 euros de multa diarios desde el día de publicación del fallo hasta que se adopte la ley.
Conscientes de la amenaza, y culpando del retraso a los gobiernos anteriores, en el ministerio de Economía están acelerando los procedimientos. “En los últimos meses se ha avanzado en la trasposición parcial o total de las directivas pendientes”, indican fuentes del ministerio, que confían que se podrán evitar las multas. Ya en julio, en su primera comparecencia en el Congreso de los Diputados, la ministra Nadia Calviño admitió que “pesa sobre nosotros la amenaza de sanciones cuantiosas”, por el retraso en la transposición de 14 directivas.
Toda directiva aprobada en la Unión Europea debe trasladarse a la legislación de cada país, es la llamada trasposición que la Comisión debe supervisar ya que “los retrasos en la trasposición de las leyes de la UE impiden a los ciudadanos y a las empresas de disfrutar de los beneficios de la leyes, crean incertidumbre sobre qué reglas se aplican y afectan negativamente al mercado interior de la UE”, según reza la doctrina del ejecutivo comunitario.
El jueves pasado el Congreso dio un paso importante en la adopción de la ley sobre contratos de crédito inmobiliario, pero para culminar el proceso aún queda su paso por el Senado. Ésta es una ley que debía haberse adoptado el 21 de marzo de 2016; el retraso es palmario.
El Tribunal de Justicia de la UE también puede multar a España con una sanción diaria de 48.919 euros por el retraso en transponer la directiva de cuenta de pago básica. El plazo venció el 18 de septiembre del 2016, y se ha traspuesto parcialmente mediante un decreto ley, pero aún está pendiente su desarrollo reglamentario. El ministerio de Economía espera hacerlo en
El Ejecutivo ha impedido sanciones vía decreto ley pero le faltan trámites parlamentarios
las próximas semanas. Esta ley garantiza el derecho de todo ciudadano a disponer de una cuenta a la vista con las operaciones básicas y fija un tope máximo a las comisiones.
“Desde el primer día, ha sido una prioridad del Gobierno acelerar la trasposición de esas directivas” y su tramitación parlamentaria, afirman fuentes de Economía, y en algunos casos ya han evitado la sanción. Lo consiguieron con la directiva Mifid II de regulación de los servicios financieros que, aunque está pendiente el desarrollo reglamentario, los pasos dados llevaron a la Comisión Europea a que el 8 de noviembre dejara en suspenso el recurso interpuesto contra España
Desde junio también se transpusieron la directiva sobre prevención de blanqueo de capitales, que acumulaba año y medio de retraso, la de movilidad de los trabajadores, y la de seguridad de las redes y sistemas de información. Se utilizó la vía del decreto ley para acelerar el proceso y evitar las sanciones.
También se han convalidado total o parcialmente las directivas sobre servicios de pago en el mercado interior, la de abuso de mercado, y la de requisitos de capital (CRD IV). Para dar cumplimiento a esta ley, se creó en el Banco de España un canal de denuncias (whistleblowing )de los incumplimientos de las entidades de crédito en materia de solvencia. También se ha traspuesto la directiva Ucits, relativa a los organismos de inversión colectiva en valores mobiliarios.