Del peaje a la movilidad
Dentro de un año vence la concesión de la autopista que desde Salou nos une al País Valenciano. Después finalizan las concesiones en la mayoría del resto de autopistas catalanas y si se opta simplemente por levantar las barreras, como han hecho ahora entre Burgos y Álava, la Administración se tendrá que hacer cargo casi de los 100 millones de euros anuales de mantenimiento que cuestan las vías de peaje en Catalunya. Si no es que queramos disminuir la calidad y la seguridad de las autopistas reduciendo estos recursos. Estos días se ha constituido en el Parlament el grupo de trabajo sobre “la gestión y la financiación de las vías de altas prestaciones a Catalunya”. Es un paso adelante que en la denominación del grupo no se hable simplemente de peajes. Eso implica un reconocimiento del alcance y la complejidad del tema, que no se puede reducir al tradicional debate de peajes sí, peajes no.
Desde la Generalitat ya hace muchos meses que se propugna la implantación de una tarifa plana en forma de viñeta, como las que existen en Centroeuropa. El gobierno del PP no avanzó nada en la resolución del tema y ahora el PSOE, que en la oposición prometía liberar totalmente los peajes caducados, se encuentra con la factura por mantenimiento que tiene que ir asumiendo desde el Gobierno. Mientras Catalunya no pueda decidir sobre sus infraestructuras y su fiscalidad, no habrá otro remedio que ponerse de acuerdo con un Gobierno español inestable y sin criterio.
Seguramente ya llegamos tarde para poder implantar la viñeta en el 2020, pero hay que trabajar con determinación y rapidez para que al menos el 1 de septiembre del 2021, cuando acaban en Catalunya la mayoría de las concesiones, ya sea operativa. Mientras tanto, para el tramo que se liberará dentro de un año habría que buscar una solución provisional, que no hipoteque ni condicione las soluciones
Hay que hacer que la viñeta sea operativa en septiembre del 2021, cuando acaban muchas concesiones en Catalunya
más globales y definitivas. Eso quiere decir que de momento el Estado, como titular de la infraestructura, asuma el mantenimiento, directamente o a través del antiguo concesionario. O que el peaje actual se convierta en un peaje blando –un tercio del actual– que sirva estrictamente para que los usuarios financien este mantenimiento.
Y dos apuntes para la solución final. Hay que dar un paso más y no sólo abordar las vías de alta capacidad, sino los servicios de movilidad en general. Es decir, hay que buscar soluciones conjuntas e integradas –operativas y financieras–, también para el resto de la red viaria, para los otros modos de transporte y para el transporte colectivo. Son las caras poliédricas de una misma necesidad social, la movilidad. Hoy, la Generalitat paga 300 millones anuales en bonificaciones y, sobre todo, en peajes a la sombra. Casualmente una cifra equivalente al déficit del transporte público.
Y, en segundo lugar, en términos de vías de gran capacidad, no hay que pasar de la confusión actual a la homogeneidad absoluta y debemos dotarnos de las herramientas adecuadas para actuar ante la congestión y el impacto ambiental, especialmente en los accesos a las grandes áreas metropolitanas del país.