Pragmatismo vasco
Kepa Aulestia escribe: “Andalucía ha sido un factor concurrente pero definitivo para que la Catalunya oficial vire, siquiera a disgusto, hacia el rumbo trazado por la Euskadi de Urkullu. Porque aunque no se hayan avenido a apreciar la autonomía, los herederos de Convergència y los republicanos de siempre saben perfectamente que hasta la quimera independentista depende del poder de la Generalitat como parte del Estado”.
Las elecciones andaluzas del 2 de diciembre no sólo demostraron hasta qué punto la crisis catalana puede generar anticuerpos en la política española; también han venido a evidenciar el grado de dependencia que el propio independentismo mantiene respecto a lo que ocurre a ese otro lado. Como si se tratara de un efecto bumerán, el desafío lanzado por el secesionismo a la España constitucional hizo brotar institucionalmente una formación alineada con las extremas derechas europeas –Vox–. Pero su propio afloramiento ha obligado a recolocarse al independentismo gobernante en unas coordenadas de mayor prevención y cordura.
Si el 27 de octubre del 2017 los partidarios de la DUI tuvieron razones para acabar el día pensando que se habían pasado de rosca, hoy el temor a haber provocado una suerte de involución incontrolable en sus efectos sobre la política española se deja sentir en muchos de los silencios independentistas.
Una vez que el gobierno de la Generalitat presidido por Artur
Mas logró desentenderse de su pionera política de recortes frente a la crisis, en torno a la Diada del 2012, cobró fuerza la imagen de una Catalunya presa de un Estado poco menos que fallido a causa de dos recesiones consecutivas y del colapso autonómico. La independencia ganaba enteros porque los catalanes tenían todo el derecho de liberarse de semejante lastre y, porque frente al desbarajuste del Estado, era la Generalitat la que avalaba tal opción, cual garante de una inversión sin riesgos. La fragmentación partidaria en las Cortes Generales contribuiría a enraizar esa visión de una Catalunya legitimada para cortar amarras respecto a un Estado a la deriva. Pero como ese Estado no se fue a pique, y el 155 tampoco cambió las tornas parlamentarias en Catalunya, el independentismo siguió confiando en la fuente nutricia de la recentralización española y en la espiral interminable del conflicto para mantener viva la llama de una república próxima. Todo mientras el secesionismo se mostraba unido en el ámbito de los sentimientos, pero incapaz de enhebrar una misma política.
Si el 155 demostró que el Estado continúa existiendo, el resultado de las andaluzas advirtió de la posibilidad de que podría experimentar un giro contrario no ya a la vindicación soberanista, sino al autogobierno “realmente existente”. El auge de Ciudadanos y su contestación inicial al sistema de concierto y cupo que rige en el País Vasco y Navarra llevaron al nacionalismo gobernante en Euskadi a priorizar la defensa de nuestro singular régimen autonómico frente a otros propósitos más ambiciosos. El auge de Vox y sus consecuencias en el ecosistema español que va del centro hacia la derecha han llevado al independentismo dividido en Catalunya a un mayor desconcierto del que experimentaba con anterioridad, y a una renuncia implícita de impaciencias y unilateralismos que tampoco antes iban a ninguna parte. Andalucía ha sido un factor concurrente pero definitivo para que la Catalunya oficial vire, siquiera a disgusto, hacia el rumbo trazado por la Euskadi de Urkullu. Porque aunque no se hayan avenido a apreciar la autonomía, los herederos de Convergència y los republicanos de siempre saben perfectamente que hasta la quimera independentista depende del poder de la Generalitat como parte del Estado.
Las andaluzas han hecho que Vox aparezca, al mismo tiempo, como la amenaza más implacable del socialismo de Sánchez y su mejor aliado circunstancial. El desplazamiento hacia la derecha del panorama político general a impulsos identitarios dificulta que el PSOE pueda mantenerse en el gobierno de España con la anuencia de grupos parlamentarios independentistas. Pero estos no tienen por ahora más remedio que arrimarse a Pedro Sánchez para impedir que se abra paso una corriente de involución centralista. Entre otras razones porque ni el cariz de los acontecimientos en el resto de Europa ni el de las tendencias electorales en España parece despertar reacciones capaces de aprovecharse de esos anuncios de involución para reactivar el independentismo o concederle un mayor grado de unidad y sentido político. Es posible que el secesionismo gobernante se aferre a la bilateralidad para abundar en la ilusión de dos poderes análogos negociando sobre las condiciones de un futuro provisionalmente compartido. Puede que ello contribuya al mantenimiento del imaginario independentista. Pero el porvenir del autogobierno no depende de los quiebros con que la Moncloa y Palau traten de hacer gala de sus destrezas tácticas, sino de la disposición que muestre la política ahora encanallada a dar carta de naturaleza a un catalanismo integrador.
Andalucía ha sido un factor definitivo para que la Catalunya oficial vire hacia el rumbo de la Euskadi de Urkullu