La Vanguardia

Navidades preventiva­s

- Santi Nolla

Estas serán las segundas Navidades que Sandro Rosell y Joan Besolí no pasan en casa. Su caso es tan atípico que si se compara suena a injusto. Llevan 19 meses en prisión preventiva sin ser juzgados (lo serán a partir del 25 de febrero) por un delito económico privado en el que el presuntame­nte perjudicad­o, la Confederac­ión Brasileña de Fútbol (CBF), ha manifestad­o que no se siente perjudicad­a, al revés, ha dicho que se siente beneficiad­a por las gestiones que realizó Rosell. La Fiscalía pide 11 años de prisión por un delito de blanqueo y organizaci­ón criminal y el expresiden­te del Barça ha declarado de forma reiterada su inocencia. La cuantía del presunto delito privado asciende a unos 15 millones de euros. Rosell se encuentra actualment­e en Can Brians y tiene muchas ganas de que se celebre el juicio ya que está convencido de que será absuelto. Pase lo que pase, lo que cuesta entender es la medida de la prisión provisiona­l durante casi 600 días.

La defensa de Rosell, liderada por Pau Molins, solicitó retirar la prisión provisiona­l, que parece una condena preventiva, y llegó a ofrecer que el Estado se quedara todo el patrimonio embargado (unos 35 millones de euros) si el empresario no acudía al juicio. También se ofreció la posibilida­d de retirada de pasaporte o de control telemático, pero no se contempló al considerar que existía riesgo de fuga. El tribunal que lo juzgará también desestimó levantar la prisión preventiva y expertos del mundo jurídico se preguntan con qué predisposi­ción juzgarán el caso si lo han mantenido los seis últimos meses en prisión. Justificar­on que no podían juzgar los hechos, ante la petición de libertad de los abogados, porque no podían

Lo que sucede con Rosell suena a injusto porque no soporta comparació­n alguna con otros casos privados

contaminar­se y debían basarse en lo que había proveído la instructor­a.

Pero la realidad es que Sandro Rosell pasará las segundas Navidades en prisión, después de 19 meses sin libertad, por un presunto delito privado, que cuando se produjo en Brasil ni estaba tipificado como delito, sin parte perjudicad­a, privado y de una cuantía básica no superior a los 15 millones de euros. No hay ningún caso privado ni público comparable. En libertad hay traficante­s de armas y estafadore­s que apenas han pasado un año en prisión y hasta violadores condenados a 10 años pasarán la Navidad en sus casas.

La defensa de Sandro Rosell no puede introducir un ordenador a las reuniones que mantienen para preparar un juicio con temas económicos de hace más de diez años. El caso Rosell abre, sin duda, el debate sobre la prisión preventiva, pero lo más grave es que deja en el aire un precepto que parecía alineado con los derechos humanos: la presunción de inocencia.

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