Pistoletazo de salida a la liberalización de la alta velocidad
El Gobierno fija el fin del monopolio de Renfe en diciembre del 2020
La cuenta atrás oficial para la liberalización del transporte de viajeros en tren ha comenzado. Dentro de exactamente dos años, en diciembre del 2020, empresas distintas a Renfe podrán competir en servicios de alta velocidad y larga distancia, que actualmente generan un negocio que el sector estima superior a 1.000 millones de euros y tienen un potencial de crecimiento importante si se desarrollan nuevos productos, especialmente en los corredores con más demanda, como el Barcelona-Madrid y el todavía inacabado del Mediterráneo. El Gobierno aprobó en su reunión del pasado viernes un real decreto que da el pistoletazo de salida a este proceso, obligado por una directiva europea, y que ha despertado interés empresarial dentro y fuera de España.
El texto aprobado, que modifica la ley del Sector Ferroviario del 2015, según el Ministerio de Fomento, “completa y aclara el marco normativo actual de forma que establece las bases jurídicas que regirán la futura competencia de Renfe y las nuevas empresas ferroviarias”. Las que deseen entrar en este mercado deberán contar con ambas autorizaciones, que otorga la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (Aesf). El primer documento acredita que el titular dispone de una estructura empresarial y financiera adecuada para la prestación de los servicios y el segundo, que posee un sistema de gestión de seguridad adecuados para realizar la explotación de conformidad con la normativa vigente. Además, las interesadas deberán solicitar al administrador ferroviario –Adif– el uso de la infraestructura. A esta última corresponde otorgar los surcos –horarios de circulación– que estén disponibles. Esta luz verde legal pretende dar margen suficiente a los interesados a preparar sus estrategias empresariales, lo que incluye la confección de sus planes comerciales y la adquisición de los trenes.
Quedan fuera de esta liberalización los servicios considerados de obligación pública (cercanías, media distancia y Avant o regionales de alta velocidad). La normativa europea permite a los estados miembros no licitarlos hasta el 2023 y si entonces tienen contratos en vigor prorrogar el plazo hasta que estos venzan. El contrato recientemente firmado por Fomento con Renfe es para diez años ampliables en cinco más. Al exceptuar estos últimos servicios calificados como esenciales, el citado ministerio considera que los protege de las “incertidumbres propias de un proceso de liberalización inédito en nuestro país”. En Catalunya, que tiene la gestión de Rodalies traspasada a la Generalitat, se trabaja para formalizar un nuevo contrato con la operadora pública.
Dieciséis compañías ya disponen de licencia para circular y certificado de seguridad para competir con la operadora pública en las líneas de largo recorrido y alta velocidad, según el último registro de Adif, de noviembre pasado. En la lista hay firmas del sector del transporte, como Continental Rail, Alsa Ferrocarril, Avanza Tren o Ilsa (Intermodalidad de Levante). Esta última, que comparte propietarios con Air Nostrum, ya ha anunciado un servicio entre Madrid y Barcelona, con varias paradas intermedias, entre ellas Barcelona, aprovechando que los enlaces internacionales ya están liberalizados. También están atentas a este proceso las dos grandes operadoras públicas de Francia (SNCF) y Alemania (DB), que preparan una conexión entre A Coruña y Oporto con su filial Arriva Spain Rail. Entre las interesadas figuran, además, sociedades vinculadas a constructoras y servicios como Ferrovial Railway –del mismo grupo que explota el aeropuerto londinense de Heathrow–, operadoras autonómicas, como Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, e incluso fabricantes de material móvil (CAF). También prevén entrar en este negocio Globalia (Air Europa, Halcón Viajes ) y la italiana NTV (Italo), aún sin autorización. Con toda seguridad, esta relación sufrirá cambios porque algunas candidatas desistirán y otras se concentrarán en alianzas.
Dieciséis compañías tienen licencia y certificado de seguridad para competir con la operadora pública