Detenidos 8 miembros de Arran que querían pintar el Supremo
Las defensas creen clave el testimonio del anterior gobierno
La inminencia del comienzo del juicio por el caso 1-O está permitiendo anticipar algunas decisiones relevantes que el Tribunal Supremo (TS) deberá adoptar en breve. Una de ellas, sobre la admisión o no de los testigos propuestos por las acusciones y las defensas. Uno de estos testimonios sería el del expresidente de gobierno Mariano Rajoy, junto al de la exvicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría y el del exministro de Hacienda Cristóbal Montoro. Con toda seguridad, las defensas van a solicitar que todos ellos declaren en relación con el proceso soberanista y los hechos de septiembre y octubre del 2017 en Catalunya, y ayer fuentes del Supremo aseguraron que existe una predisposición favorable a admitir que comparezcan como testigos y expongan cuanto conozcan sobre lo ocurrido, que es obviamente mucho por el papel protagonista que desempeñaron al frente del Ejecutivo.
El papel del gobierno en el intento de frenar el proceso independentista ya aparece mencionado en las conclusiones provisionales de las acusaciones, ya entregadas al Supremo. La propuesta de que sus miembros más destacados, como los mencionados, comparezcan en el juicio oral tiene, por tanto, toda lógica. Las defensas, desde luego, tendrán especialísimo interés en algunos de los extremos sobre los que aquéllos pueden aportar datos. Por ejemplo, lo que pueda manifestar Montoro sobre la acusación de malversación que pende sobre los exmiembros del Govern que también están acusados del delito de rebelión. Montoro dijo durante la instrucción que no tenía constancia alguna, antes al contrario, de que se hubiera utilizado dinero público para la convocatoria y desarrollo del referéndum del 1-O, tesis que nunca compartió el juez encargado del caso, Pablo Llarena, como tampoco lo hicieron la Fiscalía ni la Abogacía del Estado.
Desde el punto de vista de las defensas, por tanto, el testimonio del extitular de Hacienda puede ser básico para hacer frente a las acusaciones formuladas, si bien la comparecencia susceptible de alcanzar la mayor resonancia, como resulta obvio, sería la de Rajoy, como responsable último y principal de la gestión del Gobierno frente a las iniciativas de la Generalitat para la desconexión con España. Esta comparecencia, que puede darse por segura, dará por otra parte la medida de las cosas sobre los límites que el Supremo pueda acordar sobre el examen de los hechos.
Es evidente, en este sentido, que el Alto Tribunal no puede convertirse en un escenario de control político de un gobierno, máxime cuando ya cesó en sus funciones. Pero el planteamiento de los procesados y las defensas en el sentido de que el 1-O no ocurrió en Catalunya una rebelión, sino un acto de represión para evitar el ejercicio de derechos democráticos supondrá sin duda todo un reto para el escenario judicial que supone una vista oral, ante el previsible intento de colocar la conducta de los testigos en el centro del examen de los hechos. Que la Sala de Enjuiciamiento esté dispuesta a aceptar su citación da, por tanto, a su comparecencia un particularísimo interés, y una baza para las defensas que habla en favor del Supremo sobre su respeto al derecho a la igualdad de armas en este proceso judicial. Por lo demás, el Supremo ha confirmado que –como ya anticipó ayer La Vanguardia–, dedicará al juicio del caso 1-O tres días por semana, martes, miércoles y jueves, sin perjuicio de emplear también algún viernes si las circunstancias lo requieren.
El exministro Montoro puede dar datos importantes sobre la malversación que él mismo negó