El TS ordena que los presos del 1-O estén en Madrid a fin de mes
Buch propone a los Mossos para hacer la operación de traslado desde Catalunya
El presidente de la Sala Penal del Tribunal Supremo remitió ayer una carta al ministro del Interior reclamando el traslado de los presos independentistas a una cárcel de Madrid para la última semana de enero. El magistrado Marchena pretende iniciar el juicio de manera inmediata una vez se presenten los escritos de defensa.
El inicio del juicio oral por el caso 1-O está cada vez más cerca, a la vuelta de la esquina. El Tribunal Supremo (TS) dio ayer un paso evidente en esa dirección, en forma de carta remitida por el presidente de la Sala Penal, Manuel Marchena, al ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, para que se empiece a organizar el traslado a Madrid de los presos de dicha causa, con el fin de que estén a disposición de los magistrados “en la última semana del corriente mes de enero”. Dicho de otro modo, los nueve procesados por el delito de rebelión a raíz del 1-O deberán amanecer en Madrid el lunes 28 de enero.
Esto no significa que con toda seguridad el juicio oral vaya a comenzar en dicha fecha. Aunque sí podría ser el martes 29. De entrada, porque el Supremo quiere que las sesiones se desarrollen los martes, miércoles y jueves de cada semana. Pero lo determinante será si los trámites pendientes están efectivamente terminados la última semana de enero. ¿Qué trámites son esos? En especial, la respuesta a la petición de prueba de las defensas.
Ahora los defensores están ultimando sus escritos de conclusiones provisionales, en respuesta a los de las acusaciones, en los que la Fiscalía y Vox sostuvieron que existió un delito de rebelión y la Abogacía del Estado rebajó sus planteamientos al de sedición. En principio, las defensas tienen de plazo para presentar dichas conclusiones hasta el próximo lunes, día 14, aunque es probable que al final cuenten con un día más, hasta el martes 15. Que el juicio empiece con mayor o menor prontitud, a partir de esa fecha, depende en parte de lo que hayan propuesto las defensas en sus escritos.
Cuando el Supremo reciba dichos documentos de conclusiones, deberá evaluar las proposiciones de prueba presentadas. Es decir, la Sala de Enjuiciamiento deberá decidir sobre la pertinencia o no de los testigos propuestos y del resto de las pruebas –documentales, periciales o de otro tipo– que hayan interesado los defensores. Cuanto más larga y prolija sea la propuesta, más difícil será que la vista comience en breve. En cambio, cuanto menos compleja sea, más fácil resultará que el Alto Tribunal fije ya una fecha para el inicio del juicio oral.
Por tanto, la carta que el presidente de la Sala Penal envió ayer al ministro Grande-Marlaska dispone un calendario concreto, pero para el traslado de los presos, no para el comienzo de la vista. Puede ocurrir que los procesados hayan sido trasladados a Madrid la última semana de enero, como se le ha ordenado a Interior, y el juicio no empiece, en cambio, hasta iniciado el mes de febrero. La comunicación de Marchena –que va a presidir el juicio y va a redactar la sentencia, como ponente del caso 1-O– a Marlaska es, en definitiva, un acto preparatorio, y en buena medida significativo, de la proximidad de la vista, pero que en modo alguno compromete al TS a comenzar el juicio a fecha fija.
En todo caso, si los pasos pendientes pueden darse en términos razonablemente previsibles, a partir del próximo día 15 el Supremo se tomará entre una semana y diez días para examinar los escritos de conclusiones provisionales de las defensas y las proposiciones de prueba que formulan. El objetivo sería dictar en la semana que se inicia el lunes 21 de enero un auto en el que se resuelva sobre dichas peticiones, para dar a conocer inmediatamente después la resolución por la que se acordará la fecha de inicio del juicio oral. Por tanto, que el día señalado sea el 29 de enero entra dentro de lo posible.
En su carta a Grande-Marlaska, el presidente de la Sala Penal cita los preceptos de la ley de Enjuiciamiento Criminal y del reglamento penitenciario que determinan cómo y cuándo han de quedar los procesados presos en un determinado proceso a disposición del tribunal encargado de juzgarles. Pero interpreta que, como son hasta cierto punto contradictorios, lo lógico es no atender tanto a “exigencias temporales” como a “la seguridad que ha de presidir el traslado de los presos” y a “su derecho a que este traslado se verifique en condiciones que respeten su dignidad”, atendiendo también al “derecho de todo acusado a un proceso sin dilaciones indebidas”.
En la actualidad, el exvicepresidente Oriol Junqueras, los exconsellers Jordi Turull, Josep Rull, Raül Romeva y Joaquim Forn, el exlíder de la ANC Jordi Sànchez y el presidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart están en la prisión de Lledoners, en Sant Joan de Vilatorrada (Barcelona). La expresidenta del Parlament Carme Forcadell se halla en Mas d’Enric (Tarragona), y la exconsellera Dolors Bassa se encuentra en la prisión de Puig de les Basses, en Figueres (Girona).
El conseller de Interior, Miquel Buch, ofreció ayer al Gobierno que sean los Mossos d’Esquadra quienes efectúen el traslado de los presos. “Quien decide es el Ministerio del Interior –dijo Buch–, pero el ofrecimiento está hecho”.
Mientras, el defensor del expresident Carles Puigdemont, Jaume Alonso-Cuevillas, dijo ayer que se está estudiando impugnar la designación del juez Pablo Llarena como instructor del caso: “Tenemos sospechas fundadas de que no se siguió el orden en la designación del magistrado instructor”, lo que podría suponer la nulidad de la causa.
MENSAJE AL MINISTRO El juez Marchena pide en una carta a Marlaska respeto a la dignidad de los acusados
ESCRITOS Las defensas tienen de plazo hasta el próximo lunes para presentar sus conclusiones
PROPUESTA Buch ofrece a los Mossos para realizar la operación de traslado desde Catalunya