Nicolás Maduro
Sólo Cuba, Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Osetia del Sur envían a jefes de Estado
PRESIDENTE DE VENEZUELA
Nicolás Maduro tomó ayer posesión para un segundo mandato tras unas elecciones que no fueron ni libres ni justas, y con el no reconocimiento de gran parte de los países occidentales y de los vecinos latinoamericanos de Venezuela.
Dos realidades. En la era de la verdad virtual, la toma de posesión para un segundo mandato del presidente venezolano, Nicolás Maduro, mostró cómo un mismo acontecimiento genera realidades contrapuestas. Mientras la transmisión oficial de Venezolana de Televisión y el propio Maduro en su discurso pretendían reflejar un amplio apoyo internacional de “más de 94 países” repasando la ampulosa lista de representantes extranjeros presentes, la otra realidad evidenciaba el aislamiento del chavismo.
Ante la decisión de gran parte de los países desarrollados y de los vecinos latinoamericanos de no reconocer este segundo mandato, sólo cinco jefes de Estado viajaron a Caracas y los menos controvertidos fueron el boliviano Evo Morales y el salvadoreño Salvador Sánchez Cerén. Los otros tres presidentes fueron el nicaragüense Daniel Ortega, el cubano Miguel Díaz-Canel y el de la cuestionada república de Osetia del Sur, Anatoli Bibilov.
La realidad paralela, simultánea a la ceremonia, se iba desarrollando en distintas partes del continente y del mundo en forma de declaraciones y comunicados: el presidente de Paraguay, Mario Abdo, rompía relaciones retirando a sus diplomáticos de Caracas y expulsando al personal venezolano en Asunción; el Consejo Permanente de la OEA, reunido de forma extraordinaria, acordaba “no reconocer la legitimidad” de Maduro a partir de este segundo mandato y pedía la celebración de elecciones; el asesor de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Bolton, reiteraba que EE.UU. tampoco reconoce la “posesión ilegítima de la dictadura de Maduro”, mientras el secretario de Estado, Mike Pompeo, demandaba elecciones para “restaurar el orden democrático y constitucional” y llamaba a quienes apoyan al chavismo a ponerse a las órdenes de la Asamblea Nacional (AN), el parlamento legítimo, de mayoría opositora, único organismo reconocido por los países críticos con el régimen.
Ni la UE ni sus miembros, incluido España, enviaron representación. El bloque europeo tampoco reconoce a Maduro. “Las elecciones presidenciales celebradas el pasado mayo en Venezuela no fueron ni libres ni justas. Sus resultados carecieron de credibilidad”, expresó la titular de Exteriores de la UE, Federica Mogherini.
La asunción se celebró en el Supremo y fue su presidente, Maikel Moreno, quien tomó juramento a Maduro a pesar de que la Constitución señala que debe realizarse ante el Parlamento. En la enésima pirueta autoritaria del chavismo para adaptar su realidad a la legalidad, Moreno justificó que el acto se celebrara en la sede del poder judicial porque “la Asamblea Nacional se encuentra en desacato” y sus actos son “carentes de eficacia jurídica”. El magistrado recordó que Maduro ganó con casi el 68% de los votos las elecciones, pero obvió decir que los comicios fueron boicoteados por la mayoría de los partidos opositores y que gran parte de la comunidad internacional no los reconoció. Por supuesto, en la ceremonia no estaba el juez del Supremo Christian Zerpa, que hace unos días pidió asilo en EE.UU. tras ser denunciado por acoso sexual en lo que considera una represalia por sus opiniones discrepantes. Zerpa explicó que el poder judicial no es independiente y que en Venezuela “no hay separación de poderes”.
Tras dos décadas de chavismo, Maduro afronta su nuevo mandato (2019-2025) con la economía destruida, hiperinflación, el éxodo de millones de venezolanos que emigran huyendo de la crisis y una oposición desarticulada, dividida y con sus principales líderes en el exilio o la cárcel. El presidente llegó al poder en el 2013, tras ganar las elecciones convocadas a la muerte de Hugo Chávez. El punto de inflexión hacia el régimen autoritario y el control chavista de todos los resortes del Estado tuvo lugar después de que la oposición ganara las elecciones legislativas del 2015. Para contrarrestar el poder de la AN el gobierno se sacó de la manga la Asamblea Nacional Constituyente (ANC), que ha acabado usurpando todas las competencias del Parlamento. Los miembros de la ANC –todos oficialistas ante el boicot opositor con el apoyo de la comunidad internacional– fueron elegidos en julio del 2017 después de tres meses de protestas en las calles que dejaron un centenar de muertos. Paralelamente, el Consejo Nacional Electoral impidió la convocatoria legal de un referéndum revocatorio contra Maduro que la oposición celebró igualmente como acción de desobediencia civil. En la arquitectura jurídica chavista para dar cobertura legal al régimen, la ANC fue formalmente responsable de anticipar los comicios que ganó Maduro y que estaban fijados para finales del año pasado.
SIN RECONOCIMIENTO
La UE insiste en la ilegitimidad de las elecciones y EE.UU. habla de “dictadura”
PIRUETAS CHAVISTAS
La ceremonia tuvo que celebrarse en el Supremo y no en el opositor Parlamento