Emergencia sin ministerio
La ocupación de pisos se ha convertido en el modo de vida de muchas familias en Barcelona y su área metropolitana. Un fenómeno que nació con la crisis económica y que lejos de reducirse va en aumento. Crece el número de personas que no son capaces de hacer frente a un alquiler a un precio razonable, tengan trabajo o no, y que deciden dar la patada a una puerta para buscar cobijo. No es una cuestión fácil de atajar y tiene muchas aristas que enfrentan el derecho de la propiedad –los pisos desocupados tienen un dueño– y el derecho a una vivienda digna. Como sucede con todo en la vida, también hay excepciones y siempre se pueden encontrar caraduras sin escrúpulos que quieren sacar provecho de estas tragedias e incluso hacen negocio con este drama.
Sin embargo, esta semana diversos sucesos ocurridos con apenas unos días de diferencia han vuelto a sacar a la palestra una emergencia habitacional, muchas veces escondida y habitualmente circunscrita a barrios periféricos de las grandes ciudades, con graves consecuencias sociales. Unos niños que se quedan encerrados en un piso de Ciutat Meridiana al instalar una plancha antiocupaciones en la puerta mientras dormían y su madre estaba fuera; el incendio en un bloque del barrio de Sant Roc de Badalona en el que murieron tres personas y una decena resultó herida al producirse una sobrecarga en una vivienda
Los ayuntamientos no pueden inhibirse del problema habitacional, pero les han dejado solos
ocupada que tenía la luz pinchada y, también, el fuego originado en la Torre del Fang, una finca del Ayuntamiento de Barcelona donde malvivía un grupo de jóvenes inmigrantes.
Las administraciones locales no pueden inhibirse ante estas situaciones. A raíz del incendio de Badalona se ha destapado que medio barrio de Sant Roc está en la misma situación que el bloque afectado por el incendio: pisos ocupados y con el agua y la luz conectadas de forma ilegal. No vale aducir desconocimiento de las circunstancias en las que viven sus vecinos o ventilar las culpas a otros. Los ayuntamientos tienen una parte de responsabilidad y su obligación es dar respuesta a las emergencias, aunque no pueden hacerlo únicamente por su cuenta. Necesitan ayuda económica. Es cierto que no dan abasto, que les han dejado solos, en primera línea, sin partidas decentes para abordar esta problema, que la Generalitat ha frenado la construcción de vivienda protegida y que el Estado ha recortado en un 70% sus presupuestos para abordar esta cuestión. Y así todo es más difícil, más aún tras la supresión del Ministerio de Vivienda, en el 2010, en un momento en el que el país sufría una de sus peores crisis habitacionales. Desde entonces, los ritmos de inversión no se han recuperado en un contexto de subida de precios de la vivienda libre y de alquiler y con la lacra de los desahucios que, lejos de erradicarse, continúa. Problemas que no disponen de un ministerio exclusivo y que no se solucionan sólo colocando planchas antiocupaciones. Hace falta comprobar quiénes son y cómo viven los que están dentro.