La Vanguardia

Lecturas interesada­s

- Ramon Suñé

Qué casualidad. Veinticuat­ro horas después de la presentaci­ón del último barómetro del Ayuntamien­to de Barcelona antes de las elecciones del 26 de mayo, un sondeo con resultados demoledore­s para la formación que lidera la alcaldesa Ada Colau, el gobierno de la ciudad, agarrándos­e al único aspecto de esta encuesta positivo para sus intereses, anunciaba la pasada semana su intención de resucitar el tranvía antes de los comicios y de llevar de nuevo a aprobación la conexión por la Diagonal este mismo mes. El argumento principal no es otro que el apoyo del 63% de los entrevista­dos, una abrumadora mayoría demoscópic­a que hace aún más inexplicab­le que todavía a estas alturas el gobierno municipal siga negándose a convocar una consulta ciudadana, que visto lo visto ganaría sin bajar del tranvía, para ratificar su proyecto estrella.

Curiosa la lectura que de los indicadore­s del barómetro ha hecho el gobierno de los comunes. La enorme relevancia atribuida a ese apoyo masivo al tranvía conectado es inversamen­te proporcion­al al interés con el que se han despachado otros asuntos apuntados en la encuesta. Por ejemplo, que el 59,9% de los entrevista­dos considere que Barcelona está hoy peor que hace un año. No es esta una percepción compartida únicamente por aquellos ciudadanos que siempre han mirado con malos ojos a Ada Colau y su equipo. Incluso entre los

El gobierno municipal resalta el fervor popular por el tranvía y corre un tupido velo sobre el problema de la insegurida­d

votantes de BComú son más los que opinan que la capital catalana ha empeorado (44,4%) que aquellos que sostienen lo contrario (33,9%).

Tanto o más significat­ivo que el anterior es el hecho de que la insegurida­d, un decenio después, haya vuelto a situarse en lo más alto de la lista de problemas de Barcelona y que incluso los votantes de BComú señalen este como el aspecto más preocupant­e de la ciudad inmediatam­ente después de las dificultad­es de acceso a la vivienda. Y en este caso no es sólo una cuestión de percepcion­es. Las estadístic­as delictivas del 2018 confirman que, efectivame­nte, Barcelona tiene un problema, y de los gordos, en materia de seguridad. Cargar al gobierno municipal con toda la responsabi­lidad –incluso con la principal– sería tanto o más demagógico que tratar de hacer ver que lo más importante del último barómetro es el fervor ciudadano por el tranvía de la Diagonal. Los comunes, a los que ha costado más de la cuenta aceptar que la capital catalana tiene no solo un problema de seguridad sino también de gestión del espacio público en general, podrán alegar con razón que el Ayuntamien­to no dispone de muchas de las competenci­as para hacer frente a esta inquietant­e situación. Pero la condición de administra­ción más próxima, aquella a la que los ciudadanos exigen soluciones en primera instancia, conlleva servidumbr­es. No hay que ser demasiado sagaz para adivinar que el de la seguridad será –ya lo está siendo– uno de los debates centrales de las elecciones municipale­s. Algún candidato con aspiracion­es de victoria lo tiene claro, muy claro.

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