Rato descubre la política en Bankia
Fue Rodrigo Rato un mero títere de los poderes del Estado durante su etapa al frente de Caja Madrid, primero, Bankia, después.? ¿Se limitó a obedecer las órdenes del gobierno, el Banco de España y la Comisión de Valores, en la venta en bolsa a inversores desinformados de acciones de un banco que él defiende que estaba sano pero que acabó quebrado y requiriendo ayudas públicas de 23.000 millones de euros?
El exvicepresidente del Gobierno de José María Aznar ha tejido un argumentario defensivo que responde de forma afirmativa a ambas preguntas. Altivamente incluso cuando le ha preguntado la fiscal en la sala del tribunal. Es una línea con la que trata de zafarse de la acusación de ser el cerebro de una estafa superior a los 3.000 millones de euros. El fracaso de un proyecto que, a la postre, acabaría precipitando el rescate parcial del Reino de España, generando una enorme pérdida a las arcas del Estado y dando argumentos para la proscripción definitiva de las cajas de ahorros, una irreparable e inmensa desamortización, privatización, de bienes sociales.
Ha sido llamativa su denuncia de que su marcha de Bankia no tenía fundamentos económicos, sino que fue una “decisión absolutamente política (...). A mí me echó el presidente del gobierno”. Rato se olvida de que llegó a la presidencia de Caja Madrid tras una decisión política, también, del mismo Rajoy.
En plena pugna por el control de la entidad entre la presidenta de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre, y Alberto Ruiz-Gallardón, alcalde de Madrid. Ambos del PP –partido que se atribuía el derecho al dedazo para elegir al presidente al controlar las dos instituciones con mayoría en la caja– pero de familias políticas enfrentadas. Cada una de ellas quería el dinero de Caja Madrid para financiar sus particulares ambiciones de poder. La primera postulaba como candidato a su mano derecha en el Gobierno autonómico, Ignacio González, su sucesor luego en la presidencia, y posteriormente encarcelado por presunta corrupción en el llamado caso Lezo. Gallardón apostaba por la continuidad del entonces presidente, Miquel Blesa, amigo personal de Aznar, y que también acabaría encausado a causa de su gestión ilícita en la entidad financiera.
Rato fue la solución de Rajoy para no dar la razón a ninguno de los contendientes y hacer valer su condición de presidente del PP y líder de la oposición.
Era enero del 2010. Justo en el ecuador de aquellos años de soberbia en los que el presidente José Luis Rodríguez Zapatero presumió de tener “el mejor sistema financiero internacional”. Así pues, el Gobierno se despreocupó del asunto y dejó hacer libremente al PP en Caja Madrid. Los conservadores definieron su propio proyecto, construir sobre los cimientos de la entidad madrileña la primera entidad española, por delante de La Caixa, líder histórica del sector. Una aspiración divulgada sin pudor por los populares, que además tocaban así dinero a lo grande, alejados ya de la banca.
Tal propósito convenía también al Banco de España de Miguel Ángel Fernández Ordóñez, ideólogo de la tranquilidad financiera de Zapatero que pensaba que no había problemas graves en los bancos y cajas españoles y que la fiesta no iba a costar ni un euro, y para el que Caja Madrid podía hacer las veces de entidad escoba que recogiera los restos de las otras grandes cajas del PP averiadas. Especialmente, la Bancaja y su participado, el Banco de Valencia. En esa alianza, Rato echaba a rodar el proyecto acariciando la idea de pilotar el juguete más grande de la partida. Esta fue pues la segunda confluencia política del affaire Bankia –tras el nombramiento de Rato, con Rajoy como Bonaparte entre las familias díscolas del PP– y en este caso con los populares, el exgerente del FMI y el gobernador del Banco de España como protagonistas. El gobierno se contentó con un pasivo papel secundario, vía inhibición, aunque el Estado ya aportó, a través del FROB, créditos a la nueva entidad.
Es diciembre del 2010. La economía española parecía estabilizarse. Todo podía ser posible y de nuevo con crecimiento se podía pensar en que los activos tóxicos que anegaban los balances se fueran neutralizando con el cambio de tendencia y el paso del tiempo. En febrero del 2011, Elena Salgado, vicepresidenta económica de Zapatero, exigió a las cajas más capital a través de un real decreto. Ordóñez pidió ya en aquel momento que se obligase a todas las cajas a convertirse en fundaciones y que dejaran de ser entidades de crédito. La privatización largo tiempo buscada. Un negocio para aquellos que esperaban engullir un buen paquete de acciones de los nuevos bancos sin poner nada. Eso es lo que interesaba en aquel momento a Rato y algunos otros gestores de las entidades de ahorro. Y la bolsa era la vía más rentable.
Pero en esas llegó la segunda recesión. En el 2011 la economía caía a gran velocidad. El apocalipsis. Y en lugar de detener la salida a bolsa, todos, desde el gobierno a Rato, pasando por el Banco de España, la banca y las grandes corporaciones, decidieron que aplazarla abocaría al rescate de la troika. Tercer gran acto político en Bankia. Y Rato, que era quien mejor conoce las tripas de la bestia y tenía autoridad política sobrada, se instaló en el puente de mando pensando que si había problemas, el Estado acudiría. No estuvo solo. Pero sí estuvo al frente. Ciertamente, en alianza con algunos, como el gobernador Ordóñez, decidido a que no quedara cuestionada su política frente a la crisis. Pero el hecho de que este y el Banco de España no estén hoy en el banquillo rompe el cordón umbilical penal que vinculaba a todos en la operación.
Todo, desde su elección, pasando por la creación del banco a la salida a bolsa; todo ha sido política