El caso de los acompañantes de Puigdemont, reabierto
La Audiencia cree que pudo haber un delito de encubrimiento
Los cuatro acompañantes del expresident Carles Puigdemont cuando fue detenido en Alemania en marzo del año pasado vuelven a estar bajo la lupa judicial. La Audiencia Nacional decidió ayer reabrir el caso, que había sido archivado por juez Diego de Egea en octubre pasado. Los magistrados de la Sala Penal han adoptado esta decisión porque consideran que los dos amigos personales y los dos mossos d’esquadra que acompañaban al expresident podrían haber incurrido en el encubrimiento del delito de rebelión del que está acusado Puigdemont.
Los investigados son el empresario Josep Maria Matamala y el historiador Josep Lluís Alay, quienes viajaban con el expresident cuando su coche fue interceptado por la policía alemana entre las localidades de Schuby y Jagel, en el estado de Schleswig-Holstein. También iban en el vehículo los mossos Carlos de Pedro y Xavier Goicoechea.
El juez De Egea sobreseyó el asunto para todos, considerando en esencia que no tenían por qué saber que se había reactivado la euroorden de detención dictada contra el expresident, a raíz de su viaje a Finlandia para dar una conferencia en la Universidad de Helsinki. El viaje de vuelta estuvo controlado en todo momento por la policía española y agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que pidieron la colaboración de la policía germana, tras decidir que el lugar idóneo para practicar la detención sería el territorio alemán, cerca de la frontera con Dinamarca.
Más tarde, el Tribunal Superior de Schleswig-Holstein denegó la entrega de Puigdemont, sosteniendo que los hechos ocurridos en Catalunya en septiembre y octubre del 2017 eran equiparables –por no haber tenido mayor gravedad– a los actos de protesta registrados en Alemania contra la ampliación del aeropuerto de Frankfurt. Tras una segunda solicitud de entrega, la justicia alemana terminó por aceptarla sólo por el delito de malversación. El juez encargado del caso, Pablo Llarena, renunció entonces la euroorden, y Puigdemont regresó a Bélgica sin problemas.
En paralelo, en España siguió el proceso penal por el supuesto delito de rebelión. Puigdemont quedó en situación de procesado en rebeldía. Y la Fiscalía actuó contra las citadas cuatro personas, que fueron llamadas a declarar. Matamala fue el único que no lo hizo, porque no se le pudo notificar la citación.
Una vez que el juez De Egea archivó estas diligencias, los fiscales recurrieron ante la Sala Penal de la Audiencia, que ahora ha dictado el auto en el que reabre el caso. Lo hace por estimar que la conducta observada por dichos acompañantes revela el supuesto deseo de encubrir al expresident, ya que optaron por volver a Waterloo eligiendo desplazarse más de 2.000 kilómetros por carretera, “cuando estaban a disposición de todos ellos sistemas más rápidos, cómodos y seguros”. Por tanto, el auto estima que el fin buscado era “dificultar la posible detención del señor Puigdemont en su regreso a Bélgica”.
El auto destaca que se optó por un viaje de 2.000 kilómetros por carretera para dificultar la posible detención