El Síndic reclama más acuerdos para hacer frente a la desigualdad
El Síndic de Greuges de Catalunya, Rafael Ribó, presentó ayer su informe anual, en el que destacó un aumento de las quejas relacionadas con las políticas sociales y reclamó más acuerdos políticos entre las formaciones para hacer frente a las problemáticas y desigualdades sociales.
Ribó señaló que “el año 2018 ha sido especialmente duro para las personas en riesgo de exclusión” y criticó “la inadecuada respuesta de las administraciones ante los desahucios de personas vulnerables”.
Según las cifras, en el 2018 el Síndic recibió un total de 10.495 quejas procedentes de 14.000 personas, la cifra más elevada desde el 2015. Además, en el último año, recibió 9.987 consultas e inició
264 actuaciones de oficio. La mayoría de las quejas –un 32%– están relacionadas con las políticas sociales, un 27,8% corresponden a administración pública y tributos, y un 24,8% a administración pública y derechos.
El Síndic quiso poner el foco sobre el papel de la Sareb, “que ha mostrado una voluntad muy escasa” de resolver las dificultades, y denunció el “desborde” de las mesas de emergencia.
Las quejas sobre la renta garantizada de ciudadanía o la gestión del bono social de electricidad también se encuentran en las principales quejas recogidas por Ribó.
En este sentido, el Síndic dijo que a partir de la denegación o la no resolución de la renta garantizada de ciudadanía a menudo se entra en una rueda que deriva en situaciones graves de pobreza energética y de desahucios, situación que aún puede ser más dramática si afecta a personas con menores a su cargo. De hecho, la mayoría de las quejas en este apartado han sido presentadas por mujeres, lo que demuestra que el género está muy presentes en esta realidad.
Asimismo, el Síndic señaló el aumento de las solicitudes de intervención en el ámbito de los derechos civiles y políticos, entre los que destacó “el derecho a ser representado por las personas a las que han votado”.
Otras cuestiones tratadas en el informe son las políticas territoriales y las agresiones al territorio, la contaminación o quejas sobre consumo.
Ribó insistió que las quejas sobre cultura y lengua representan un porcentaje “ínfimo” –sólo el 0,4 % – y ha considerado que “el conflicto lingüístico tiene una absoluta carencia de quejas”.
En las consideraciones finales del informe entregado ayer al Parlament de Catalunya, Ribó –en el cargo desde el 2010– agradeció la buena predisposición y actitud colaboradora de todas las administraciones durante todo el mandato. De todas formas, también les pidió que la vivienda sea plenamente entendida como un derecho fundamental, y no sólo como un objeto económico, así como que se garantice la igualdad de oportunidades en la educación.
La mayoría de las quejas, un 32%, están relacionadas con las políticas sociales