La intervención de la SGAE
JOSÉ Guirao, ministro de Cultura y Deporte, solicitó ayer a la Audiencia Nacional permiso para intervenir temporalmente la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) y tomar sus órganos de gobierno. Esta intervención no sorprende a nadie. Porque la historia de la SGAE, que tiene por objeto la defensa y gestión colectiva de los derechos de propiedad intelectual de los autores, está salpicada de escándalos inasumibles. Y porque Guirao había advertido ya en septiembre que iba a llevarla a cabo si no se satisfacían sus demandas. Está por ver a qué velocidad podrá materializarse. La decisión judicial podría demorarse más allá de los comicios del 28-A. Pero, de todos modos, la petición de Guirao consolida las sospechas que genera de antiguo la SGAE.
En septiembre pasado, cuando apercibió a la SGAE, el ministro le formuló tres requisitos para evitar la intervención que ahora toma cuerpo: aclarar el reparto de los derechos recaudados, adecuar los estatutos a la normativa europea e instaurar el voto electrónico. Ninguno de tales requisitos ha sido cumplimentado.
La SGAE es la mayor entre las entidades dedicadas en España a la gestión de los derechos de autor. Sus 120.000 asociados le confieren gran músculo y unos 300 millones de euros de beneficios anuales. Esta es una buena noticia para el colectivo de creadores. Pero el reparto del pastel no satisface por igual a todos los afiliados. Entre otros motivos, porque la cantidad de votos de cada socio depende de sus ingresos.
La lista de escándalos asociados a la SGAE es larga. El primero lo protagonizó Teddy Bautista, durante dieciséis años presidente de la entidad, juzgado junto a una decena de personas por un presunto desvío masivo de fondos de la sociedad. Hace un par de años, la SGAE se vio sacudida por otro escándalo, el de la rueda, nombre que recibe la emisión de temas musicales en las cadenas televisivas en horario nocturno, con mínima audiencia pero enormes ingresos, un 40% del total anual de la SGAE. Cientos de creadores, entre ellos Pedro Almodóvar, Isabel Coixet o Miguel Ríos, han pedido la intervención ministerial para poner orden.
Por su tamaño, representatividad y volumen de negocios, la SGAE debería ser una entidad ejemplar. Y no lo es. A su frente se suceden juntas directivas sin acabar con las rencillas internas ni los escándalos. La Confederación Internacional de Sociedades de Autores y Compositores sancionó a la SGAE en diciembre y se planteó su expulsión... Así las cosas, es oportuna cualquier medida encaminada a sanear la SGAE, mejorar su transparencia y disipar las dudas sobre su gestión.