La alternativa verde
Grupos empresariales y ecologistas se sienten defraudados por la intención del Gobierno y ven factible suplir la energía atómica
La decisión del Gobierno de pactar un cierre escalonado de las centrales nucleares, que sitúa el fin de la energía nuclear entre el 2025 y el 2035 ha cogido a contrapié a las empresas relacionadas con las energías renovables y a los grupos ecologistas. Estos sectores confiaban en que la clausura de las nucleares se produciría en España al cumplir los 40 años de vida útil, de manera que la última central se cerraría en el 2028.
La Fundación Renovables y Greenpeace han expresado su disconformidad a estos planes, según expresaron en una jornada celebrada en Madrid en el encuentro Un Horizonte sin Nucleares. Los participantes en el encuentro pidieron que el calendario de cierre de las nucleares no se tome a puerta cerrada entre las eléctricas y el Gobierno.
“El debate necesario es sobre cómo acelerar, no retrasar, el inevitable cierre de las nucleares, que debe ser seguro, eficaz y eficiente”, declaró Mario Rodríguez, director ejecutivo de Greenpeace España. “La propuesta de la ministra coincide con los intereses expresados por los presidentes de las eléctricas. Se requiere que nuestras voces sean escuchadas en igualdad de condiciones. El Gobierno no está para rescatar a las eléctricas, sino para defender los intereses ciudadanos”, declara Mario Rodríguez.
“La prórroga de las licencias de operación de las centrales nucleares es una hipoteca para las generaciones futuras. No entendemos que un debate como éste, cuyas consecuencias va a tener que soportar la sociedad, se haga sin luz ni taquígrafos”, afirma Fernando Ferrando, presidente de la Fundación Renovables. Ferrando estima que hay soluciones para suplir la energía que dejaría de producirse gracias a las subastas para promover nuevas instalaciones. Esta idea fue refrendada tanto por José María González Moya, director general de la Asociación de Empresas de Energías Renovables-APPA, como José Donoso, director general de la Unión Española Fotovoltaica, UNEF.
Los participantes en el encuentro concluyeron que el cierre programado de las centrales “no es solo una decisión empresarial” y que la consulta pública “es obligatoria”. También coincidieron en que los costes de la retirada y gestión de los residuos radiactivos (el gran handicap de esta industria) y de los riesgos de accidente los deben pagar las empresas no la sociedad.
“El envejecimiento de las instalaciones debe ser considerado de manera específica, porque a partir de los 40 años de operación son necesarias revisiones especiales”, señalan las conclusiones del encuentro. También juzgaron que es “imprescindible disminuir las emisiones de CO2 en el sistema energético y eléctrico”, lo que comporta, “de manera inmediata e imprescindible el cierre del carbón y nuevas inversiones en renovables”.
“El cierre nuclear es una oportunidad para el empleo y la economía, y puede y debe favorecer el empleo y la economía local”, señalan también las conclusiones. En ellas se señala que el desarrollo de planes de inversión local y el cierre nuclear “es una oportunidad única”. El encuentro registró la presencia de destacados expertos en energía (como la catedrática Natalia Fabra o los técnicos Nieves Sánchez o Francisco Castejón), así como representantes de UNEF, Anpier, APPA, WWF, SEO/Birdlife o Ecologistas en Acción, entre otros.
Mientras tanto, el grupo Unidos Podemos ha presentado una interpelación urgente al Gobierno por no presentar la Ley de Cambio Climático. Su diputado Juantxo López Uralde (Equo) denuncia que esta ley se vuelve a “quedar en un cajón”. “Tenemos que reducir las emisiones un 45% en el 2030. Pero por culpa de la inacción y pasividad del PP y del PSOE hemos perdido en esta legislatura la oportunidad de sacar adelante una ley de cambio climático. No hay excusa posible: ni el gobierno de Rajoy, ni el de Sánchez han tenido voluntad política para hacer frente al mayor problema al que se enfrenta la humanidad”, dice López de Uralde.
“No es aceptable que este debate se haga sin luz ni taquígrafos”, señala la Fundación Renovables