Derechos para las familias de una persona
El CTESC reclama un pacto político para ampliar las ayudas a la natalidad, a la conciliación y a la dependencia
Los cambios sociales y demográficos hacen necesario redefinir qué se entiende por familia e incluir como tales a personas que viven solas para que disfruten de los mismos derechos y protección que quienes envejecen o proyectan una crianza en compañía. Estas son las dos primeras recomendaciones –de un total de 85–, que plantean los miembros del Consell de Treball, Econòmic i Social de Catalunya (CTESC) en el informe sobre políticas de apoyo a la familia que han elaborado para el Govern y que presentaron ayer. En él reclaman “un pacto nacional” que priorice, amplíe y dé estabilidad a las ayudas a la natalidad, la crianza, la conciliación y la dependencia, y las proteja de vaivenes políticos y cambios de gobierno.
El informe admite que la gran mayoría de la población de Catalunya –el 88% según el último censo de 2011– vive dentro de una estructura familiar, aunque a menudo esta cambia en cada etapa de la vida de una persona. Por ello, desde el CTESC proponen que también se protejan como familia a los hogares unipersonales de personas mayores que viven solas porque los hijos ya se han emancipado o de quienes desean tener o adoptar un hijo sin pareja, entre otros. “Hay que entender que las políticas de familia no afectan solo a la infancia, sino que deben atender el ciclo vital de las familias”, que comienza con el proyecto de tener un hijo y su educación pero continúa con el envejecimiento, la dependencia..., explica Xavier Riudor, director del departamento técnico del CTESC.
El informa analiza la situación de las familias y compara los beneficios que reciben en Catalunya con las políticas familiares de los países europeos. Y la conclusión es que las familias catalanas y españolas “están infrafinanciadas”: el gasto en protección social a las familias es del 0,8% del PIB en Catalunya y del 1,3% del PIB en España, muy por debajo del 2,4% de media de la UE y lejísimos del 3,5% del PIB que destina Dinamarca o el 3,2% de Alemania.