La declaración de Turull y Romeva subraya la no violencia
“Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas”, responde el exconseller de Presidència al fiscal
El juicio sobre el caso 1-O entró ayer en una nueva dimensión. Se siguió discutiendo sobre los hechos concretos de septiembre y octubre del 2017, porque obviamente tienen una importancia máxima, pero en paralelo se abordó el examen de las raíces del conflicto entre las instituciones del Estado y las de Catalunya. Así, junto a la discusión sobre el número de coches de la Guardia Civil dañados en la concentración masiva frente a la Conselleria d’Economia, por ejemplo, se habló por primera vez con especial extensión e intensidad del principio democrático y de derecho a la autodeterminación.
Cabría pensar que la defensa logró con ello llevar el agua a su molino. Pero eso está por ver, naturalmente. Lo importante de este debate es que hasta ayer, el tribunal había oído, sobre todo, que el derecho a la autodeterminación no encaja ni está reconocido por la Constitución española. Pero las declaraciones de Jordi Turull y Raül Romeva trataron de desarrollar otra perspectiva –iniciada con la declaración de Oriol Junqueras–, la del encaje de dicho derecho como una derivación del principio democrático y de la libertad ideológica.
La sentencia tendrá que entrar en su día en la respuesta a estos planteamientos. En especial, cuando examine no sólo los elementos objetivos de los delitos que se imputan a los acusados –rebelión, sedición, malversación y/o desobediencia–, sino también los subjetivos, es decir, las razones y los objetivos de las conductas de los procesados.
“Los ciudadanos de Catalunya no son ovejas”, empezó diciendo Turull, para defender la idea de que el movimiento independentis- ta se ha desarrollado “de abajo arriba”. Sobre todo –afirmó a su vez Romeva– desde el 2010, tras la sentencia sobre el Estatut, para quien desde entonces lo demostrado por los responsables de las instituciones estatales ha sido su “incapacidad para el diálogo”, o su falta de voluntad para emprenderlo. Una tesis que –tras describirse como “preso político”, al igual que hiciera Oriol Junqueras– le llevó a pedir al tribunal que “devuelva la carpeta” de este conflicto a la política, porque nunca debió dirimirse “en los tribunales”.
En este orden de cosas es relevante el dato relativo al elevado número de veces que ayer se pronunció la palabra paz y el substantivo pacifismo a lo largo del juicio. Todo ello para negar que las movilizaciones independentistas, antes y después del 1-O, tuvieran naturaleza violenta. Es claro que luego vendrán las pruebas testificales y documentales, con numerosos vídeos con los que las partes tratarán de demostrar sus respectivas tesis. Pero el tribunal tuvo que tomar nota ayer de la contundencia de la negativa de Turull y Romeva, apoyada en sus respectivos tuits y el contenido de sus comunicados y ruedas de prensa de aquellos días.
En expresión de Turull, los que cometieron algún acto de violencia fueron “cuatro esgarra-pacristos”. En palabras de Romeva, la única violencia que se registró el 1-O fue “la que practicó la Guardia Civil”. Un ejercicio inútil, por otra parte, a juicio de ambos procesados, que subrayaron el hecho de que en previsión del cierre de algunos centros de votación, se acordó habilitar el censo universal en la convocatoria. Con ello se dio validez al voto emitido en cualquier colegio electoral. Y de ahí que el despliegue policial no consiguiera el objetivo de alejar a los ciudadanos de las urnas.
Turull contestó al fiscal, y Romeva no, como ya hiciera Junqueras. El primero, de hecho, más que contestar se batió con Jaime Moreno, el representante ayer de la Fiscalía. La clara voluntad de Turull fue salir al paso de las hipótesis surgidas de los atestados de la Guardia Civil. Y lo hizo utilizando en el juicio las artes aprendidas en los debates parlamentarios. Fue un toma y daca continuo. Si no fuera porque le piden 16 años de prisión, hubiera podido decirse que Turull se encontró por momentos en su salsa contradiciendo al fiscal o ironizando sobre sus afirmaciones. Por ejemplo, cuando le preguntó si era de Òmnium, en términos que a Turull le parecieron utilizados para sugerir la existencia de unos ante-
EL GIRO EN LOS DEBATES El derecho a la autodeterminación, eje del debate entre acusados y Fiscalía
LA ALEGACIÓN SOBRE EL 1-O Los dos exconsellers afirman que se usó un censo universal para evitar enfrentamientos
cedentes peligrosos. “Soy de Òmnium desde hace muchos años –contestó– y de organizaciones no gubernamentales y del RACC”, entre otras entidades que le permitieron ofrecer una panorámica de la riqueza del tejido asociativo en Catalunya.
Con Romeva no hubo caso, porque la Fiscalía no se estrenó. A preguntas de su defensa –ejercida por el letrado Andreu Van den Eynde– el exconseller de Exteriors dio de sí el retrato del profesor universitario venido a la política y convertido al independentismo –“antes creí en un Estado confederal”, dijo– a lomos de los acontecimientos. La historia que Turull y Romeva le contaron al tribunal fue, en este sentido, la crónica de un desengaño, el causado por un Estado que
nunca responde. En su relato hubo, en este sentido, muchas coincidencias. Si Junqueras habló de la “silla vacía”, Turull y Romeva se centraron en la importancia y los efectos de esa frustración para explicar la convocatoria del referéndum. Lo que ambos vinieron a decir es que la declaración unilateral de independencia fue, sobre todo, una provocación. ¿A qué? Al diálogo, a “la negociación”, concepto empleado por ambos. Como el Estado no respondía a las llamadas a la puerta, en suma, decidieron percutirla con mayor contundencia.
La cuestión que sin duda se planteará el tribunal es si el fin justifica los medios, cuando el Govern estaba muy avisado por el Tribunal Constitucional (TC) sobre la prohibición del referéndum. Para Turull –defendido por el letrado Jordi Pina–, esta contradicción sólo podía resolverse atendiendo a “la voluntad popular”. “Un político –dijo– tiene que decidir ponderando todos los factores”, y aquí se optó por dar prioridad al compromiso adquirido sobre el referéndum. ¿Significa esto que se contravino la legalidad a sabiendas?
La respuesta de Turull y Romeva fue negativa. Y se adivina aquí una tesis que puede dar cierto juego. Ambos se dijeron convencidos de que la supresión del delito específico de convocatoria ilegal –es decir, sin competencias para hacerlo– de un referéndum permitía amparar la llamada a las urnas del 1-O. Obviamente, el argumento es discutible, porque la supresión de dicho delito se basó en la creencia de que era innecesario regularlo específicamente en la ley, cuando lo ilegal es que convoque quien no tiene atribuciones para ello. Pero las defensas están tratando de abrir por esta vía posibles causas de justificación de los exconsellers o de ausencia –o al menos atenuación– de culpabilidad.
Para Romeva, en suma, el referéndum del 1 de octubre del 2017 fue la concreción de un objetivo “legal y legítimo”. Y para Turull, la resolución de la DUI supone “la expresión de una voluntad política que encaja con el sentir mayoritario del pueblo catalán”. En definitiva, ninguno de los dos –que negaron el uso de fondos públicos para la convocatoria– se desdice ni retracta de lo hecho, y lo consideran coherente con su ideario, que es el que estiman perseguido. Y todo ello –dijo Romeva– con “la paradoja” de que quienes más se oponen al diálogo –en obvia alusión a Vox, sin mencionarlo– “ejercen ahora la acusación” como acción popular.