‘Summum ius summa iniuri’
Según explica el profesor Carles Boix, dos visiones del derecho se confrontan en este juicio. La liberal y la razón de Estado. Desde una visión democrática liberal, la presunción de inocencia es básica, pues la justicia protege esencialmente derechos y libertades. Lo hemos visto mil veces en los filmes americanos: la policía está convencida de la culpabilidad del asesino pero, puesto que no encuentra pruebas concluyentes contra él, el fiscal no permite su detención, no formula acusación y, por consiguiente, el caso no llega a juicio.
Según esta visión liberal, jueces y fiscales sólo pueden evaluar acciones concretas tipificadas en el Código Penal.
En el caso que nos ocupa, una judicatura inspirada en la visión liberal habría acusado solamente de desobediencia y malversación.
La primera, porque es evidente, y el mismo Turull ayer la reconocía (aunque diluyéndola en el concepto político de “ponderación”); y la segunda, por el argumento que adujo el tribunal de Schleswig-Holstein al aceptar la entrega de Puigdemont por malversación: “No hay evidencia de que la totalidad de los costes” del referéndum del 1 de octubre “hayan sido financiados por terceros”.
En cambio, en la concepción iliberal de la justicia, la razón de Estado se impone a los derechos individuales. En esta visión, se juzgan no sólo los hechos tipificados en el código penal, sino también las intenciones políticas. Es exactamente lo que vemos estos días, cuando los fiscales formulan preguntas del tipo: “¿Es usted socio de Òmnium Cultural?”.
Desde la razón de Estado no es necesario que se haya producido violencia concreta, pues su razonamiento es otro: al margen de si la declaración de independencia fue un hecho o la proclamación de un deseo, la instrucción considera que el procés pretendía descabellar la Constitución, lo que retornaba España al desorden preconstitucional, es decir, a una fase de barbarie o violencia. Ante la razón de Estado que ha inspirado la instrucción y que, previsiblemente, inspirará la sentencia, la respuesta de los acusados no puede ser tan sólo técnicamente penal. Inevitablemente tiene que ser política. Turull ayer se lució, poniendo el dedo en la llaga de la doble vara de medir: lo que a él ya le ha costado un año de prisión, no ha representado ni un día de insomnio para los ministros de Rajoy que desobedecieron reiteradamente al Tribunal Constitucional. Summum ius summa iniuria, decían los antiguos: la suprema justicia puede ser portadora de suprema injusticia.
De momento, la batalla, siendo tan desigual, tiene altura. Turull ayer, como Forn el otro día, hizo sudar a unos fiscales que han estudiado bastante menos que los acusados. La razón de Estado deberá fiarse tan sólo de Marchena: un paladín pulcro, aplicado, muy astuto.
Ante la razón de Estado, inevitable respuesta política de los acusados