El puente nacionalista
Una intervención armada estadounidense encontraría la oposición de gran parte de los venezolanos no chavistas
La plaza Bolívar, en la pequeña ciudad colombiana de San Antonio de Táchira, es un buen lugar para sondear la opinión pública en la frontera venezolana con Colombia, a tres días de la épica operación de trasladar cientos de toneladas de alimentos y medicamentos a Venezuela, pese a la negativa del ejército de Maduro a dejar entrar la ayuda.
Los venezolanos sentados alrededor de la imponente estatua de Simón Bolívar cuentan una historia mucho más matizada que los tuits de Donald Trump y sus asesores. “Se ha creado un guion en la televisión de que aquí hay una dictadura y que estamos muriendo de hambre”, dice el panadero Luis Jaimes, que tiene aparcado un destartalado Chevrolet Malibu de 1982 detrás de la plaza. “Pero no es verdad; y no lo digo porque sea chavista, no lo soy, pero si soy nacionalista”.
Vive en el lado venezolano del puente de Tienditas, que se ha convertido en el centro neurálgico de la operación para el 23 de febrero. Llegan todos los días al lado colombiano decenas de todoterrenos y helicópteros que transportan a los funcionarios de la agencia de desarrollo USAID y militares estadounidenses, así como los integrantes del equipo de Guaidó que se han desplazado a Cúcuta.
“Quieren pasar esta ayuda humanitaria a la fuerza, ¿por qué? “, se pregunta Jaimes. “Porque es una forma para EE.UU. de ponernos en lucha venezolanos contra venezolanos, una guerra civil, y así entrar ellos con una excusa”.
En esta misma plaza, el pasado domingo, el mayor general Manuel Gregorio Bernal Martínez proclamó: “¡Venezuela es una patria libre y soberana! Nunca seremos dependientes del imperio”. Fue otro indicuanto cio de que Trump ha podido resucitar el nacionalismo venezolano con mucho mas éxito que Nicolás Maduro. Sólo seis oficiales del ejército han anunciado lealtad a Guaidó, que 51 países –entre ellos España– reconocen como el presidente legitimo de Venezuela.
Luis Pérez, jubilado de 65 años, extrabajador del transporte, sí apoya a Guaidó. “Que el gobierno deje pasar la ayuda ; el comercio se acabo aquí y no volverá hasta que haya un cambio”. Cobra 18.000 bolívares (unos seis euros mensuales) con una inflación del 400.000% anual. “Esta ciudad está dividida; mucho están a favor de Guaidó, muchos están en contra”, añade mientras una panda de flacuchos niños escolares cruzan la plaza dando patadas a los mangos caídos.
Algo sí une a los dos Luises. El rechazo a una operación militar, una opción que no descarta ni Trump ni Guaidó, aunque la Cámara de Representes en Washington no la apoyaría. “Seria muy bravo si van por ahí, porque las fuerzas armadas no van a dejar que vengan a invadir la soberanía del país”, dice Pérez.
Mucha gente en San Antonio están acaparando alimentos y fármacos esenciales y el trafico de gente cargada de bolsas de arroz y harina que entran ha subido hasta un el 40%. “Están creando una reserva por la incertidumbre”, dice.
En una de las pocas tiendas abiertas –increíblemente, un comercio de peceras llenas de diminutas carpas doradas– el dueño quiere un cambio de gobierno antes. “Hace más de un año que no vendo un pez”, dice. Pero se opone a una intervención militar.
Pero también hay neoconservadores en la plaza Bolívar. Aunque no lo parecen. “Creo que sí; tienen que invadir si Maduro no se va”, dice José Luis Medina, de 23 años, con gorra de rapero y escuchando reguetón en un altavoz portátil. Es la opinión de muchos venezolanos que se han marchado a Colombia, donde los medios conservadores del grupo Caracol no tienen que competir con Tele sur. Al otro lado del puente, un residente venezolano de Bogotá dice: “Dio buenos resultados con Noriega”, en referencia a la invasión estadounidense de Panamá en 1989, en la que murieron tres mil personas.
Otro veinteañero que se ha desplazado a la frontera con su mujer e hija quiere que Maduro se vaya. “No hay empleo; éramos cuatro y el CLAP –la caja de alimentos que el Gobierno reparte para amortiguar el impacto de la crisis– llegaba cada dos meses, pero sólo nos duraba tres semanas”.
Así de dividida está la opinión publica en venezolana. Por eso, más que un preámbulo de un ataque militar, la operación del día 23 probablemente forma parte de una batalla por la opinión publica. Según la empresa de análisis Torino Capital, el 2 de febrero se manifestaron 800.000 personas a favor de Guaidó y, diez días más tarde, sólo fueron 300.000.
Una posible explicación de esta caída es sumamente preocupante. Según un nuevo informe sobre la violencia policial, que presentó ayer en Caracas Amnistía Internacional, al menos 41 personas murieron a manos de la policía durante las protestas del 21 al 25 de enero, al inicio del asalto al poder de Guaidó. Y más de 900 fueron detenidas de forma arbitraria, según la oenegé. Según el testimonio de más de 50 personas en diversos estados, Amnistía concluye que “las autoridades estatales llevaron a cabo ejecuciones extrajudiciales selectivas” cuyas víctimas “tenían algún vínculo con las protestas”. La mayoría eran de barrios populares, antes foco de apoyo del chavismo.
Amnistía Internacional acusa al régimen de “ejecuciones extrajudiciales” de venezolanos opositores