Si no hubo malversación, ¿qué hubo?

Uno de los argumentos en el que coinciden todos los líderes independentistas que han declarado hasta ahora es que no se destinó ni un solo euro público a la celebración del referéndum. Con el objetivo de desmentir que se haya producido el delito de malversación alegan que no hay ninguna factura que acredite que se contrató publicidad y sostienen que las urnas y las papeletas que se utilizaron el 1 de octubre fueron sufragadas por ciudadanos anónimos, que además se autoorganizaron para esconder el material y trasladarlo a los colegios. Una iniciativa que comprometió a mucha gente, en palabras de Josep Rull. Asumiendo esto como cierto e incluso obviando que la celebración del referéndum no solo exigía de publicidad, urnas y papeletas, sino de colegios electorales, recursos para elaborar el censo e infraestructuras para efectuar el recuento y publicitar los resultados, por no hablar del tiempo dedicado por los trabajadores públicos para desarrollar todas estas actividades, que ya de por sí podrían ser susceptibles de ser considerados malversación de caudales públicos, el comportamiento de los políticos procesados genera interrogantes acerca de la naturaleza de sus acciones u omisiones y de los resultados.

Si el referéndum fue suspendido por el Tribunal Constitucional y se iba a celebrar al margen de la legalidad y si los dirigentes políticos no hicieron nada por impedirlo, más bien todo lo contrario, se podría considerar que incumplieron sus obligaciones como servidores públicos con dejación de sus funciones. Y si tal y como afirman, se acabó financiando y llevando a cabo por iniciativa de mucha gente, y esos individuos asumieron una función que compete en exclusiva al Estado como es la celebración de un referéndum, al final resultará que también han consentido que se usurpen funciones.

Más allá de las posibles implicaciones penales que ello pudiera tener para las personas que tomaron parte, lo que resulta llamativo es que los líderes independentistas acaben asumiendo como propio un mandato democrático que es el resultado no sólo de su inhibición como servidores públicos sino de la iniciativa privada.

Si finalmente queda acreditado que el referéndum se organizó y se pagó con dinero público, será malo para los procesados porque serán condenados por malversación. Y si se prueba, como pretenden, que el referéndum se dejó en manos de particulares, será peor. Resultará que nuestros gobernantes no solo no cumplieron con sus deberes sino que privatizaron la democracia permitiendo que algunos de nuestros conciudadanos, por muy pacífica y cívicamente que fuera, usurpasen funciones del Estado en beneficio propio.

Si el referéndum se dejó en manos de particulares, nuestros gobernantes privatizaron la democracia