Detener el tiempo

Viendo la vehemente reacción españolista contra el proceso catalán, me han venido a la cabeza situaciones del pasado que nos tendrían que hacer reflexionar. Ahora hace un siglo, en el año 1919, en el marco de las tensiones provocadas por el primer proyecto de Estatut d’Autonomia catalán presentado en las Cortes y la huelga obrera de La Canadiense, surgieron en Catalunya tres reacciones anti de notable trascendencia.

En primer lugar se constituyó la Unión Monárquica Nacional, una formación integrada por miembros de la nobleza y la alta burguesía catalana, que manifestó su total oposición a la autonomía, y se declaró “sólo fiel al rey y a España”. En segundo lugar, se creó una nueva organización empresarial, la Federación Patronal, que, como ha explicado Soledad Bengoechea, tenía la clara voluntad de intervenir en la vida política y laboral y estaba dispuesta a utilizar todo tipo de procedimientos para detener el nuevo obrerismo que, en forma de los sindicatos únicos de la CNT, había adquirido una fuerza tan considerable como para detener la actividad de la industria y de los servicios de toda Catalunya durante varias semanas. Y en tercer lugar, se produjo la emergencia del “partido de la Capitanía General” –en expresión de Enric Ucelay-Da Cal– como nueva fuerza dirigente de la reacción contra el obrerismo y las pretensiones de los catalanistas. Este nuevo militarismo lo lideraron los generales Milans del Bosch, Martínez Anido y Barrera, y culminó con el mismo Primo de Rivera. Estos impusieron en Barcelona su poder de tal forma que llegaron a forzar el cese de gobernadores civiles y a desobedecer las órdenes de los gobiernos de Madrid, a los que consideraban débiles. Porque en el fondo de esta reacción anti había una manifiesta oposición a la democratización de las relaciones políticas y laborales y una dura censura del parlamentarismo liberal, considerado demasiado tolerante con el catalanismo y el obrerismo.

Este rechazo a la democratización de las reglas del juego político y laboral que se estaban imponiendo, no sin grandes tensiones, en buena parte de Europa llevó a los inmovilistas a propiciar salidas autoritarias. El golpe militar de septiembre de 1923 se inició en la Capitanía de Barcelona y desde un primer momento Primo de Rivera contó con el apoyo entusiasta de la Unión Monárquica Nacional y de la Federación Patronal y con el asentimiento, un poco más resignado, del catalanismo conservador de la Lliga.

A la hora de comparar estos hechos con la situación actual hay que señalar, de entrada, las grandes diferencias entre la situación política de entonces, con un régimen liberal que se resistía a democratizarse, y la de hoy, con una democracia consolidada pero con notables problemas de funcionamiento y de calidad. La reacción involucionista al sistema establecido por la Constitución de 1978 apareció explícitamente cuando José María Aznar anunció que había que ir hacia una segunda transición que rectificara los “excesos” autonomistas, desnacionalizadores y reformistas de la primera. La sentencia del Tribunal Constitucional del año 2010, propiciada por el Partido Popular, que desnaturalizó el Estatut aprobado por las Cortes y sancionado por los catalanes, fue una primera manifestación de esta involución y supuso, además, la ruptura del pacto constitucional.

Desde entonces, las actitudes de rechazo a todo cambio político se han canalizado sobre todo a través de una vehemente oposición al proceso soberanista catalán. Como siempre, los inmovilistas parten de un análisis sesgado de lo que pasa en Catalunya y consideran que todo es fruto de la conspiración de una minoría separatista y no de un amplio movimiento ciudadano. Por eso, su respuesta es exclusivamente represiva: encarcelando a los dirigentes, el movimiento quedará liquidado, se demostrará que el soberanismo era un mero barniz y resurgirá la auténtica Catalunya española. Esta actitud miope e intransigente se manifiesta claramente en el boicot a cualquier tipo de diálogo y en el hecho de delegar la represión política en la administración de justicia.

Como en el año 1919, hoy hay quien no acepta que la cuestión catalana sea un tema de debate abierto, de negociación y de solución por procedimientos democráticos. La irrupción desbocada de la derecha nacionalista española ha pretendido convertir este asunto en un maniqueo enfrentamiento entre patriotas y traidores. Con la diferencia de que antes eran los militares los “salvadores de España” y ahora lo tienen que ser otros funcionarios, los jueces.

El tripartito PP, Cs y Vox ha acusado al Gobierno socialista de Sánchez de demasiado tolerante con el soberanismo catalán y parece dispuesto a imponer un viraje centralista y ultraconservador, que no dudará en recortar derechos y libertades. Ya nos anuncian que, de ganar las próximas elecciones, aplicarán de nuevo el artículo 155 a la Generalitat de Catalunya. Como en el año 1919, o en 1936, los movimientos anti siempre han sido sólo destructivos y sin ninguna propuesta de cambio con el fin de adecuar las estructuras políticas a las necesidades y demandas ciudadanas. Pretenden detener el tiempo. Los hechos del presente vuelven a dar la razón al historiador Ramón Carande cuando afirmaba que el pasado hispánico estaba caracterizado por haber sufrido “demasiados retrocesos”. Durante la huelga de 1919, la Guardia Civil escoltó a la comisión inspectora de La Canadiense en el pantano de Camarasa

Como en 1919, hoy hay quien no acepta que la cuestión catalana sea un tema de negociación y de solución por vías democráticas