Justicia para los huérfanos
La pensión para los hijos de las asesinadas pasará de 135 a 600 euros al mes
No podemos dar algunos nombres de los protagonistas de este reportaje. En unos casos porque los menores están rehaciendo su vida y para ello se pide el anonimato. Han sufrido tanto que es preciso dejar de lado todo lo que recuerde ese dolor y echar a andar, eso sí, con una mochila mucho más cargada que sus congéneres. En otros casos en los que se ha ocultado la identidad, se explica porque la vida de la familia está amenazada. Tal cual lo lee. Por eso en las fotografías se han pixelado sus rostros. No es suficiente con que uno asesine a su mujer, sino que pone en el punto de mira a la familia de ésta que acoge a sus hijos.
Hablamos de los niños víctimas de la violencia de género, menores que perdieron a sus madres a manos, en la mayoría de los casos, de sus padres o parejas. Niños que quedan totalmente desamparados no sólo desde el punto de vista sentimental (su madre ya no está con ellos, no les abrazará ni les aconsejará, ni les dará un beso de buenas noches...) sino también desde el económico, en el caso de que su progenitora no hubiera cotizado un mínimo a la Seguridad Social, cerrándoles así la puerta a una pensión de orfandad.
Hoy y después de dos largos años de tramitación (y eso que el tema suscitaba el apoyo de todos los partidos), el Congreso da luz verde al incremento de la pensión de los 135 euros mensuales (una ayuda vergonzosa para un menor que en muchas ocasiones es acogido por la familia de la asesinada con escasos recursos) a 600 euros. Será in extremis, a pocos días de que se disuelvan las Cortes Generales por la convocatoria de elecciones. “Cuando oímos la fecha del 28 de abril, nos asustamos porque pensamos que no llegábamos a tiempo. Sólo queda el trámite de su aprobación definitiva en el Congreso y el miedo se instaló. ¡Por favor, que dé tiempo! Y parece que al final... sí”, explica Marisa Soleto, presidenta de la Fundación Mujeres que gestiona el Fondo de Becas Fiscal Soledad Cazorla Prieto, destinado a los huérfanos de mujeres víctimas de la violencia machista, los grandes olvidados de estos crímenes. Tanto Fundación Mujeres como la entidad que creó la familia de la fiscal Soledad Cazorla han luchado sin descanso para conseguir que esos niños, al menos, puedan vivir de una manera decente.
Con ellos conocimos a J., un joven que en la actualidad ha cumplido los 27 años y que entró en el mundo adulto de un día para otro y en una situación dramática, al hacerse cargo de su hermano, de 10. Padre a la fuerza debido al asesinato premeditado y a sangre fría de la madre de ambos a manos del padre de su hermano. Su testimonio es
CONSECUENCIAS
Desde el 2013, casi 240 menores han perdido a su madre por un crimen machista
UNA AYUDA MISERABLE
La ayuda era ínfima para niños de mujeres que no habían cotizado lo bastante
IN EXTREMIS
El Congreso da hoy luz verde a la subida, a pocos días de la disolución de las Cortes
sobrecogedor. Por el amor a la madre que ya no está (“¡cuánto te echamos en falta, mamá!”), como por la angustia de hacerse cargo de su pequeño, como él lo llama, sino por los graves problemas burocráticos y económicos que vinieron detrás. Porque todo estaba a nombre del asesino, que se suicidó. La maraña de trámites a realizar, incluida la gestión de los seguros (se quedaron sin casa) y el acceso a las cuentas son difíciles de narrar. Porque, como explicaba este joven, tras las condolencias y las fotos de rigor de los políticos después del asesinato de su madre, la realidad es que se quedó solo con su hermano y la ristra de problemas.
J. pide anonimato porque precisan “tranquilidad”. Necesitan dejar atrás el pasado y caminar hacia el futuro. Ahora tiene que cuidar de un niño que en breve empezará la adolescencia. Necesita toda la energía necesaria para hacer frente a su labor de padre sobrevenida en unas circunstancias horrorosas. Por él, por su hermano y por su madre, quien había sobrevivido a un cáncer de mama, pero no pudo hacerlo ante su pareja. “¡Cuánto te echamos de menos, mami!”, repite.
Problemas burocráticos en el caso de J., y gravísimos problemas económicos y de seguridad de una familia gitana, cuya hija fue asesinada por su marido. Los niños fueron acogidos en casa de la abuela materna, con sus tías protegiéndolos. “Eran lo que nos quedaba de ella”, exclaman. Pero no había pensión de ningún tipo, salvo una miserable ayuda de 135 euros mensuales porque la madre no había cotizado. Trabajar, sí, aclaran sus hermanas, como todas nosotras. Pero en la venta ambulante no hay cotización. Todo figura a nombre de ellos.
No podemos mostrar las caras porque esta familia de mujeres, fuertes y valientes, están amenazadas de muerte por la familia del asesino. Porque los hijos, en la cultura machista, son de los padres y les reclaman esa custodia. Pero ellas no han cesado en su empeño y, aún con los problemas económicos que la crianza de estos niños supone, ahí están ellas. Al pie del cañón. Aunque no entienden cómo un Estado que se enorgullece de proteger a los ciudadanos ha dejado tan desamparadas a unas víctimas de corta edad. “¿Qué culpa tienen ellos de nada?, ¿no es ya suficientemente duro para ellos haber perdido a su madre a manos de un padre al que también han perdido?”, se preguntan ellas.
Desde el 2013, casi 240 menores han perdido a su madre por la violencia de género. La proposición de ley de mejora de la pensión de orfandad que hoy finalmente ve la luz amplía la cuantía de las pensiones, con el fin de que ningún menor reciba menos de 600 euros tras el asesinato de su madre. Esta cantidad la recibirán hasta la mayoría de edad o, en el caso de que sigan estudiando, hasta los 25 años. La medida tiene carácter retroactivo.
A Luz Marina no le importa dar su nombre para contar el calvario que han sufrido sus sobrinos. De hecho lo hace siempre porque se siente en la obligación de narrar cuál es la situación en la que quedan los huérfanos de las víctimas de violencia de género que se resume en “dureza” y “soledad”. “¡Es que es tan duro! ¡Tanta la soledad en la que se encuentra la familia que se hace cargo de esos niños!”, insiste. “Es increíble cómo las administraciones se lavan las manos, cómo callan ante la necesidad de información, cómo te sientes cuando las ayudas teóricas no llegan, mientras tienes que hacerte cargo de los gastos no sólo de los niños, sino hasta de las deudas del asesino. Todo es un desatino”, explica.
En un país en el que los políticos no cesan de repetir que están del lado de las víctimas y que nunca las van a dejar solas, la realidad es que en el caso de los huérfanos de la violencia machista ese apoyo “no existe”. “Mis sobrinos, de 5 y 7 años, vieron morir a su madre, apuñalada por su padre. Fue en la puerta de la casa de mi madre, cuando ella se iba a trabajar y dejaba a los pequeños con la abuela para que los llevara al cole. Los niños vieron a su padre, encapuchado, matar a mi hermana y mi madre, al oír los gritos, corrió y se abalanzó contra él. No pudo hacer nada. Mi hermana murió en sus brazos. Sólo pudo decir ‘¡mami, mami!’ Mi madre aún escucha su voz”.
Seis años después del asesinato de su hermana aún continúa haciendo “papeles”, mientras los pequeños se fueron a vivir a otra ciudad con una hermana para evitar la estigmatización. La de ellos, la de las víctimas.