Barcelona exige al TSJC que informe antes de los desahucios
Laia Ortiz lamenta que los servicios sociales no puedan actuar con antelación para ayudar a familias inmersas en procesos de desalojo
La teniente de alcaldía de Derechos Sociales del Ayuntamiento de Barcelona, Laia Ortiz, amenazó ayer con romper el protocolo de desahucios si en el plazo de dos meses el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), y las otras instituciones implicadas en la comisión de seguimiento del mismo, no se comprometen a plantear soluciones que permitan tener con la suficiente antelación la información sobre los procesos de desalojo de familias vulnerables. El objetivo es que los Servicios Sociales puedan actuar preventivamente y no el mismo día que se produce el desahucio, según explicó Ortiz, al término de una tensa reunión en el TSJC.
La comisión de seguimiento de dicho protocolo, impulsado en el 2013, contó ayer con representantes de los colegios de la Abogacía y de Procuradores de Tribunales de Barcelona, de la Conselleria de Justícia, de la Agència de l’Habitatge de Catalunya y con el presidente del TSJC, Jesús María Barrientos, además de Ortiz. Mientras la teniente de alcaldía reclamaba un compromiso para que los jueces informen desde el principio de los procedimientos de desahucio de manera que los servicios sociales tengan margen de maniobra, el TSJC indicó en un posterior comunicado que el protocolo “facilita los cauces para hacer efectiva la protección de las personas más vulnerables sin menoscabo del derecho de los titulares de los inmuebles”.
Laia Ortiz apuntó que de los 1.270 desahucios en los que intervino el Ayuntamiento en el 2018 sólo pudieron actuar de manera preventiva en un 20%. En este sentido, subrayó que el coste de una emergencia social por la pérdida de una vivienda es de 3.336 euros, mientras que si se puede trabajar con antelación la inversión se reduce a 998 euros.
“No ha sido una reunión fácil, por eso hemos condicionado la prórroga del protocolo a que haya una interpretación razonable de todos los derechos, lamentamos una visión muy restrictiva del presidente del TSJC, muy centrado en la protección de datos”, subrayó Ortiz añadiendo que si en el 2017 se procedió a ocho desahucios con fecha abierta en el 2018 aumentaron hasta los 55.
Por su parte, el decano del Col·legi de Procuradors, Ignacio López Chocarro, sostuvo que “cuando se llega a los lanzamientos abiertos es
El TSJC replica que “facilita los cauces para hacer efectiva la protección de las personas vulnerables”
El decano de los procuradores reclama proteger también los derechos de los propietarios
porque ha habido dos, tres o cuatro intentos previos de realizar el desahucio” que se han tenido que suspender a causa “de las intervenciones de plataformas que impiden la ejecución de una resolución judicial”. López Chocarro abogó por los derechos de los propietarios de las viviendas.
El decano de los procuradores de tribunales consideró que el protocolo es mejorable, que “poder conseguir los datos de personas en riesgo desde el principio del proceso facilitaría mucho el trabajo de los servicios sociales, pero de momento la ley de Protección de Datos no permite que se facilite esa información sin el consentimiento de los interesados”.
Una de las soluciones planteadas ayer por el TSJC es implantar una unidad de servicios sociales en la Ciutat de la Justícia para atender lo antes posible al ciudadano afectado por una resolución de desahucio.
Ortiz también pidió ayuda al TSJC para actuar ante las ocupaciones de pisos por parte de personas que realizan actividades delictivas y que provocan graves problemas de convivencia con los vecinos. Desde narcotraficantes hasta bandas que compran y venden objetos robados.