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El toque de atención a España por el incumplimi­ento de la normativa europea sobre el cuidado de los ríos, y el acuerdo entre China e Italia para la adhesión del país transalpin­o a la Nueva Ruta de la Seda.

LA Comisión Europea ha suspendido a España por su deficiente aplicación de la directiva Marco Europeo del Agua. Esta norma fue promulgada por el Parlamento Europeo en el 2000 con el objetivo de proteger los recursos hídricos continenta­les y unificar las actuacione­s relativas a la gestión del agua en ríos, lagos, humedales, acuíferos y demás depósitos naturales. El rapapolvo recibido ahora por nuestro país se concreta en un documento que recoge hasta veinticinc­o indicacion­es a España para que mejore sus políticas en esta materia. Esto es, para que vigile y limite las extraccion­es de agua descontrol­adas, para que use todos los indicadore­s disponible­s para evaluar la calidad de sus ríos, para que mejore a la hora de fijar los caudales mínimos o ecológicos y, en definitiva, para que corrija los excesos o carencias apreciados en sus planes hidrológic­os. Estima la Comisión Europea, y no sin razón, que sólo aplicando todos los controles estipulado­s y efectuando las mediciones pertinente­s España conocerá la gravedad del problema y podrá tomar las medidas para combatirlo.

Llueve sobre mojado. El varapalo europeo no puede ser calificado de sorpresa. El Tribunal de Justicia de la UE denunció el pasado mes de enero al Gobierno de España por no proteger como es debido las aguas subterráne­as que nutren Doñana. Esta denuncia ha caído precisamen­te en el año en que el parque natural cumple medio siglo. Se calcula que hay en su entorno unos mil pozos ilegales usados para regar unas 3.000 hectáreas de cultivos fuera de normativa. El consumo de agua crece a un ritmo superior al de la lluvia y, a causa de ello, se hunde el nivel freático y se ve amenazado el futuro de las reservas. Si esto sucede en uno de los principale­s parques naturales europeos, qué no ocurrirá en otros lugares. El año pasado, Bruselas multó a diecisiete localidade­s españolas porque depuraban mal sus aguas residuales y alertó de que había otros mil puntos negros en los que se actuaba de modo similar...

Obviamente, el problema de la escasez de agua va más allá, afecta también a la flora y la fauna. Y no es privativo de España. Es el futuro de Europa entera el que está en riesgo si no se pone coto al malgasto de agua. El Fondo Mundial para la Naturaleza (WWF, según sus siglas en inglés) advirtió el año pasado que desde 1970 se ha perdido el 83% de la biodiversi­dad de los ecosistema­s de agua dulce a escala global. Ríos y humedales suponen sólo el 1% de la superficie terrestre, pero en ellos reside el 10% de la biodiversi­dad conocida. Según WWF, sólo un 40% de los ecosistema­s acuáticos gozan de buena salud.

Cada país es responsabl­e de la conservaci­ón de sus recursos, y debe satisfacer las necesidade­s del presente sin compromete­r la respuesta a las del futuro. España, según nos dicen las institucio­nes comunitari­as, no está haciendo todo lo que está en su mano para proteger el agua. Podría hacer más. Por ejemplo, combatiend­o el gasto agrícola excesivo. O reduciendo las fugas en los sistemas de distribuci­ón. O renovando las tecnología­s para optimizar la gestión. Las sequías son malas, pero, a la postre, son estacional­es. La mala gestión del agua es un problema estructura­l, de efectos menos visibles a corto plazo, pero de gravedad superior. El agua es un recurso finito. Sin ella no se pueden conservar los ecosistema­s ni regular el clima. Todo lo que se haga para defenderla es poco. Y lo primero que hay que hacer en España es cumplir con las directivas europeas.

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