La Generalitat abre un expediente a Cabify y retrasa las posibles multas
Con la medida, Territori trata de evitar que la compañía acuda ya a los tribunales y un juez pueda suspender su decreto sobre los VTC
Casi seis días después de que Cabify anunciara su inesperado regreso a Barcelona, la Generalitat ha respondido al desafío. Territori abrió ayer un expediente informativo a la multinacional española para que, según informó a última hora de la tarde, “aclare los términos de contratación y prestación del servicio de alquiler de vehículos en conductor”, también conocidos como VTC. Con esta medida, el departamento demora la posible imposición de sanciones y, así, evita que el asunto entre de manera inmediata en la vía judicial. En el Ejecutivo catalán muchos creen que lo que realmente pretende la compañía es que la multen para acto seguido recurrir a los tribunales. De este modo cabría la posibilidad de que un juez suspendiera cautelarmente el decreto que restringe la actividad de este sector. Y así tanto ella como Uber podrían trabajar, aunque de manera provisional, con libertad.
Cabify tiene diez días para aportar la documentación que acredite los términos en que se contrata y se presta su servicio. Igualmente debe detallar los servicios realizados entre el jueves, día en que reanudó su actividad, y el domingo. Territori advierte de que en caso de “no atender estos requerimientos se consideraría una obstrucción a la tarea de inspección”. Las multas podrían ser de hasta 6.000 euros por trayecto y la retirada de la licencia.
Fuentes de Cabify aseguraron anoche que la empresa aún no había recibido ninguna notificación oficial y reiteraron una vez más que su regreso “se ajusta a la normativa vigente”, siguiendo “un nuevo modelo de negocio, el mismo que utilizan los VTC tradicionales que operan con normalidad en Catalunya”. En todo caso, la firma se mostró dispuesta a colaborar con la administración.
El principal motivo por el que se abre el expediente es que, según explicó la conselleria, “la comunicación enviada a los usuarios especifica que sólo tendrán que contratar el servicio con 15 minutos de antelación el primer trayecto” y “se asegura que se podrá disfrutar del servicio con la misma inmediatez de siempre”. Esta información, sin embargo, destaca Territori, “no aparece en el modelo de contrato de servicios de transporte que la empresa (la filial Prestige&Limousine) pone a disposición de los usuarios interesados”. Por otra parte, añade, la compañía “asume la obligación de cumplir con la normativa de transporte terrestre aplicable”, tanto la estatal como la de la Generalitat. Según el departamento, en todo ello hay “divergencias que pueden confundir a los usuarios”.
Desde el jueves, los coches de Cabify circulan por Barcelona y su área metropolitana con aparente normalidad. Los vehículos, ahora explotados directamente en su nuevo papel de empresa de transporte y sin previa contratación de todos los servicios con 15 minutos de antelación, siguen trabajando sin que hayan recibido amonestación alguna. Ni los Mossos d’Esquadra ni las diferentes policías locales les piden los papeles, comprueban su rutas, ponen multas... Entre tanto en las paradas de taxis se respira una calma muy tensa. Como si los mismos taxistas que ocuparon el centro de Barcelona una semana en su última y aún reciente huelga se tomaran a guasa el regreso de Cabify. Un vídeo que corre por sus grupos de WhatsApp muestra a unos taxistas pagando a un limpiador de lunas apostado en semáforo para que deje bien sucio los vidrios de un coche de la empresa. Ni una foto de un coche oscuro con los vidrios rotos. Los taxistas tampoco quieren imprimir más tensión en el conflicto. Están convencidos que la estrategia de Cabify pasa por llevar el asunto a los tribunales.
La multinacional tiene diez días para aclarar cómo opera y aportar los contratos y servicios realizados