Las ‘start-ups’ y el Gobierno ultiman una ley específica para el sector
El calendario electoral retrasa la aprobación de la norma
El fenómeno de las start-ups no es pasajero. En los últimos cinco años se ha consolidado como una nueva forma de entender el modo de hacer negocios. La asociación Mobile World Capital calcula que actualmente, hay en activo 4.115 empresas emergentes en toda España. Es una cifra que crece año tras año. Sin embargo, es ínfima si se compara con el total de compañías en funcionamiento en el país. Según los últimos datos del INE, correspondientes al año 2016, hay más de 3 millones de empresas en todo el país, lo que significa que las emergentes no llegan ni a representar ni el 0,01% del total.
Sin embargo, las start-ups se han convertido en la vía por excelencia para innovar en la era de la digitalización, en un reclamo para captar talento internacional y atraer inversión de capital riesgo (en el 2018, las start-ups españolas captaron 1.000 millones de euros según la MWC). Son empresas muy pequeñas en sus inicios, que usan la tecnología para ofrecer un producto innovador y cuya prioridad es el crecimiento en lugar de la obtención de beneficios. Sus necesidades son distintas a las tradicionales y por eso, llevan años reclamando una regulación a medida. El Gobierno popular aprobó en el 2013 la ley de Emprendedores, que pretendía atender a sus necesidades. Sin embargo, resultó ser insuficiente al poco tiempo. En un intento de dar respuesta global a sus demandas, el Gobierno socialista lleva meses preparando una nueva norma, la ley de Fomento del Ecosistema de Startups o simplemente, ley de Start-ups.
El Ministerio de Economía y Empresa, a través del secretario de Estado para el Avance Digital, Francisco Polo, asegura a este diario que más de 200 personas, organizaciones e instituciones pertenecientes al ecosistema emprendedor han aportado propuestas para su redactado. “Es emocionante ver cómo el sector se ha unido e implicado en la elaboración de esta ley”, celebra Polo. Entre las demandas que la ley intentará recoger, Polo destaca las siguientes.
Figura jurídica propia
La propuesta de ley “definirá las singularidades de las empresas emergentes” y les dotará de una “figura jurídica propia”. Esto significa que las start-ups se convertirán en una clase de empresa como tal y ello facilitará que gocen de derechos propios y que se puedan acoger a medidas creadas de forma expresa.
Menos barreras administrativas
El secretario de Estado asegura que la ley “eliminará trabas burocráticas que impiden a las compañías crecer y consolidarse”. Actualmente, se tarda una semana para crear una empresa en España y el proceso para conseguirlo aun tiene fases analógicas. Recortar los plazos y digitalizar los trámites son algunas de las demandas. Habrá que ver qué medidas acaban implantándose ya que Polo aun no las puede revelar.
Incentivos fiscales
El sector reclama incentivos fiscales en varios ámbitos. En primer lugar, pide exenciones tributarias durante los primeros años de vida de la empresa. En segundo lugar, solicita incentivos fiscales a los inversores. (Polo asegura que los habrá). Desde la asociación empresarial Club Excelencia en Gestión, que ha analizado propuestas para el redactado de la ley, consideran que todo el sector está de acuerdo en que “no debería haber ningún tipo de regulación financiera ni técnica para los business angels sino que la ley tendría que permitir la transacción de forma privada a través del cumplimiento de la legislación ya vigente en materia de movimientos de capitales e impuestos”. Asimismo, reclaman que la ley distinga entre tipo de inversores: business angels, family, friends and fools, micromecenazgo y capital riesgo. También piden incentivos fiscales en materia de investigación y desarrollo.
El sector cree necesaria una ley que responda a su modelo, basado en la tecnología, la innovación y un rápido crecimiento
Incentivos laborales
Entre las opciones para captar talento, Polo asegura que la demanda más transversal es la regulación de las stock option o opciones de compra de acciones dirigidas a los trabajadores de la empresa. Facilitar este proceso aumentaría la fidelización del empleado en la empresa. Otras peticiones son relajar las exigencias de la Seguridad Social y facilitar la contratación de talento extracomunitario.
Más contacto con la gran empresa
Lograr incentivos para integrarse en grandes cadenas de producción y aumentar la colaboración con la Administración son otras dos grandes demandas. Otra petición es la mejora de los mecanismos de segunda oportunidad ya que muchas de estas empresas mueren al poco tiempo de su creación.
Habrá que esperar hasta la aprobación de la ley para conocer su contenido al detalle. La convocatoria de elecciones anticipadas ha paralizado el curso que debe seguir la norma para salir adelante. Está en manos del nuevo Ejecutivo dejar en el cajón un proyecto que quiere satisfacer las demandas de un colectivo que aporta innovación al tejido empresarial del país.