La Fiscalía, en el laberinto de la rebelión
El primer mes de juicio por el caso 1-O no avala con rotundidad la tesis de la violencia buscada de propósito para lograr la secesión
Quien creyera que el juicio del 1-O iba a ser un paseo procesal para la Fiscalía y su tesis sobre la concurrencia del delito de rebelión se estará llevando una decepción. Del conjunto de declaraciones escuchadas en el primer mes de la vista no se desprende con rotundidad que la violencia fuera un objetivo buscado de propósito, como parte esencial del proyecto de secesión.
Cosa distinta es que se aceptara correr el riesgo de que hubiera enfrentamientos e incidentes más o menos violentos. Pero no es fácil desprender de ahí la conclusión de que esos episodios se buscaron o se provocaron con la intención de que fueran determinantes para el éxito del plan de ruptura con España.
Los fiscales, en todo caso, están convencidos de ello, de que los procesados crearon la situación de riesgo que determinó la aparición de la violencia, al no desconvocar el referéndum, como les proponían los propios mandos de los Mossos d’Esquadra. Para la Fiscalía, los exmiembros del Govern quisieron aprovecharse de la ineludible reacción del Estado con el fin de presentar en el exterior al sistema político español como una estructura opresora, no democrática, una estrategia cuyo objetivo era tratar de obtener apoyo y reconocimiento internacional.
No hay, por tanto, cambios en el horizonte. La Fiscalía siempre ha sostenido la tesis de la rebelión, que mantuvo durante la instrucción y ratificó en el momento clave de exponer sus conclusiones provisionales ante el Tribunal Supremo (TS). Con ello se puso un techo especialmente alto, desechando la posibilidad de reconsiderar su postura. La Abogacía del Estado, en cambio, sí varió su discurso, atendiendo a los requerimientos que en ese sentido le hizo el Gobierno.
La consecuencia fue el cese del jefe del área penal de dicha institución, Edmundo Bal, ahora en la candidatura de Cs por Madrid. Su sucesora, Rosa Seoane, defiende en el juicio la tesis de la sedición, aunque en los interrogatorios no es más condescendiente que los cuatro fiscales que participan en la vista: Javier Zaragoza, Consuelo Madrigal, Jaime Moreno y Fidel Cadena.
La evolución del juicio no ha provocado grietas entre ellos. Fueron capaces de convencer a la fiscal general, María José Segarra, de que había que mantener las tesis iniciales, a pesar de que el Gobierno alimentaba la idea de que cabía una relectura a la baja de la causa. Y ahora, durante la vista, dichos cuatro fiscales se suceden en el estrado tratando de componer y reforzar día a día, testimonio a testimonio, la telaraña probatoria que atrape a los procesados. Todo ello, con el convencimiento de que en Catalunya se desencadenó en el 2017 una rebelión largamente preparada.
Caben, sin embargo, pocas dudas de que los fiscales actúan con la conciencia clara de estar pedaleando cuesta arriba en busca de la sentencia que confirme sus acusaciones. Con el interrogatorio de los procesados, la Fiscalía no logró grandes avances. De hecho, algunos acusados sólo contestaron a sus abogados. Pero los fiscales esperan que las imágenes de los vídeos del 1-O les ayuden a atribuir toda la violencia registrada a quienes no la evitaron al mantener el referéndum.
La Fiscalía sí obtuvo importantes réditos con las declaraciones de los exresponsables políticos del Estado y de los representantes de las fuerzas de seguridad asimismo estatales. Hubo, en suma, un hilo conductor de la mencionada telaraña acusatoria que cruzó el espacio imaginario existente entre las manifestaciones del expresidente del gobierno Mariano Rajoy y el general de la Guardia Civil Ángel Gozalo, pasando por las del exdelegado del ejecutivo en Catalunya Enric Millo, y las del coordinador de los cuerpos policiales, el coronel Diego Pérez de los Cobos.
Desde distintos ángulos, todos ellos contribuyeron a la composición de un relato consistente, por su coherencia interna. La imagen que trasladaron al tribunal fue la de una conducta obcecada por parte de los dirigentes de la Generalitat, a los que se presentó como conspiradores que alimentaban una única idea –la del referéndum de autodeterminación– y como políticos incapaces de entablar diálogo sobre cualquier otra cosa. Junto a ello, dichos testimonios persiguieron construir la evidencia de una innegable operación de desafío al Estado, disfrazada de recitales y chocolatadas, pero urdida contando con la fuerza de una policía autonómica formada por 17.000 efectivos al servicio de los planes de ruptura. Y con uso de fondos públicos, porque a pesar de la desmemoria de algunos testigos, los fiscales creen probada la malversación por los encargos publicitarios realizados, aunque no se demuestre que se cobraran.
Para esa construcción de las acusaciones –no hay que olvidar que este proceso está siendo televisado–, el testimonio de la secretaria
Los fiscales creen que no deben rebajar sus acusaciones y confían en el valor probatorio de los vídeos del 1-O
de justicia Montserrat del Toro implica una aportación poco menos que impagable. No hay fiscal que no quisiera contar con un testigo como la citada funcionaria, por el carácter lineal e indubitado de su exposición. Y también por su aparente ingenuidad –“pregunté si podía venir un helicóptero (a la Conselleria d’Economia), pero no lo repetí, porque se rieron”, dijo– junto a la capacidad para describir un escenario opresivo de incertidumbre, estrés, inseguridad y miedo.
Todo lo contrario del testimonio del mayor de los Mossos, Josep Lluís Trapero, que se lanzó por la pendiente de su interrogatorio bien agarrado a los palos de sus esquíes. En un juicio en el que cada cual confecciona su lista de héroes y villanos, Trapero buscó el milagro de no regalar contra sí mismo munición a la Fiscalía, al tiempo que dejaba a sus exjefes políticos a los pies de las acusaciones. La sentencia del TS –y la de la Audiencia Nacional, cuando le juzgue– dirá si lo logró.