Litigio abierto por la central térmica del puerto
El Ayuntamiento de Barcelona y Gas Natural, ahora Naturgy, mantienen abierto el litigio por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras (ICIO) que afectan a la construcción de la central térmica de ciclo combinado del puerto de Barcelona. Mientras el Consistorio informó ayer a través de un comunicado que la compañía está “obligada” a abonar 13.783.250 euros, Naturgy anunció que recurrirá dicho pago al Tribunal Supremo.
En este sentido, las fuentes municipales fueron las primeras en salir: comunicaron que la sección primera de la Sala de lo ContenciosoAdministrativo del Supremo no ha admitido a trámite el recurso de casación interpuesto por Gas Natural contra la sentencia del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), que también desestimó el recurso de la compañía contra la liquidación del ICIO para las obras de la central que finalizaron a finales del 2011. Y explicaron también que, en su providencia del 7 de marzo del 2019, el Supremo condenó a Naturgy a hacerse cargo de los costes procesales, así como los correspondientes intereses de demora.
Un revés judicial que para el Ayuntamiento hace que a la compañía no le quede otra que pagar los cerca de 14 millones de euros, que es el importe del impuesto, según cálculos municipales.
Pero al poco, fuentes de Naturgy lo negaron casi todo. Y aseguraron que con la inadmisión a trámite de su recurso de casación por el Supremo, “no se pone fin al procedimiento” y que presentarán el pertinente recurso ante el Alto Tribunal.
De hecho, fuentes de la compañía aseguraron que existen argumentos para continuar con los recursos y alegaron que “se aportó toda la documentación que permitía liquidar el ICIO según la base imponible correcta” (uno de los argumentos jurídicos del Consistorio es que esto no fue así). “El potencial impacto económico está provisionado. En caso de tener que hacer frente a este, se trata de un pago único que no se extendería a importes futuros”, explicaron las mismas fuentes, que precisaron que no se trata de una multa, sino una potencial regularización de unos impuestos que reclama el Ayuntamiento, pero que consideran “que no procede”.