España sale del control estricto de Europa tras bajar el déficit al 2,6%
La economía crece un 2,6%, una décima por encima de la previsión anterior
El déficit de las administraciones públicas españolas se redujo el año pasado del 3,03% al 2,63% del PIB gracias fundamentalmente al buen comportamiento de los ingresos. La cifra permite a a España salir del procedimiento de déficit excesivo de la Unión Europea, con lo que deja de estar bajo la lupa permanente de las autoridades europeas.
Ese recorte del déficit se produce porque lo ingresos crecieron a un ritmo del 6% mientras los gastos lo hicieron al 4,3%. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, señaló que España dejará de estar sometida a los “controles” de la Unión Europea al salir del protocolo de déficit excesivo. “Da mayor credibilidad” al país –añadió–, al tiempo que aseguró que los esfuerzos se centrarán ahora en la reducción de la deuda y en cumplir con la regla del gasto.
La buena cifra del PIB del año pasado (ayer el INE corrigió al alza del crecimiento económico hasta el 2,6% en el 2018) también ayudó a que el dato de déficit fuera aún mejor. Los analistas avisan que la parte negativa de la rebaja es que el Gobierno no ha podido aprovechar la bonanza económica para reducir aún más el desfase presupuestario. El director del servicio de estudios de la Cambra de Comerç de Barcelona, Joan Ramon Rovira, avisa que “los ingresos son los que han tirado del carro en un ejercicio en el que no se ha hecho ningún esfuerzo de ajuste presupuestario”. El economista añadió que “el déficit estructural de la economía no se reduce y se ha perdido una nueva oportunidad para hacerlo”.
Montero informó ayer de que la previsión para este año es que el déficit se situé en el 2%. Los analistas no son tan optimistas como el Gobierno. Diana Posada, economista de Analistas Financieros Internacionales (AFI), pronosticó que “este año se podrá cerrar en el objetivo previsto de déficit”.
Ayer, la ministra de Hacienda dio a conocer también el déficit por comunidades. En el caso de Catalunya, el desfase presupuestario fue del 0,44%, una cifra superior al 0,38% adelantado por la Generalitat hace una semanas. Fuentes del Departament d’Economia dijeron que las divergencias son “por ajustes” en la contabilidad de la intervención general del Estado. Ese 0,44% está justo en el límite de déficit establecido para la Generalitat (y para el resto de autonomías), del 0,4%.
Durante la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Montero indicó que la Abogacía del Estado está buscando la forma de “romper” el sistema de financiación autonómica y poder adelantar a las comunidades un importe superior de las entregas a cuenta del modelo de financiación. Como no hay presupuestos del Estado, el Gobierno no ha podido entregar los anticipos de 7.000 millones de euros a las autonomías tal como se comprometió en julio.
El conjunto de las comunidades autónomas consiguieron reducir el déficit en un 33%, hasta quedar situado en el 0,23% del PIB. En lo que respecta a las corporaciones locales, el Consejo de Ministros aprobó ayer un real decreto para que los municipios con superávit lo puedan reinvertir en inversiones financieramente sostenibles. En la Seguridad Social el déficit fue de 17.088 millones, el equivalente al 1,41% del PIB.
En el Consejo de Ministros de ayer se aprobó también la oferta de empleo público más alta desde el 2008, con un total de 33.793 plazas, lo que supone un aumento de casi el 10% más respecto a la oferta del 2018.
En relación con el PIB, el INE revisó al alza el crecimiento de los dos primeros trimestres y a la baja los últimos. María Jesús Fernández, economista de Funcas, asegura que “la revisión del INE deja unos resultados más acordes con los indicadores económicos publicados”. Fernández añade que el hecho de que el PIB aumentara un 2,6% el año pasado (una décima más que la previsión anterior) podría modificar las previsiones para este año.
El crecimiento del PIB del 2,6% sitúa la cifra en el mismo nivel que la conseguida por Catalunya en el mismo periodo, según datos del Idescat.
CONSEJO DE MINISTROS
El Gobierno aprueba una oferta de empleo público con un total de 33.793 plazas