Sánchez aboga por un impulso al Estado autonómico
El PSOE defiende que las comunidades participen en algunas competencias estatales
“Ni desde el derecho de autodeterminación ni desde un estado de excepción territorial con carácter permanente a través del artículo 155 de la Constitución puede construirse el futuro”. El modelo territorial del PSOE plasmado en el programa electoral con el que Pedro Sánchez concurre a las urnas el próximo 28-A se sitúa a tanta distancia del que atribuye a la derecha, “que siente nostalgia del pasado centralista”, como del de “los que se han adentrado en aventuras independentistas”. Un modelo territorial que apuesta por un Estado autonómico reforzado y que, a juicio del PSOE, “continúa siendo el único camino viable para superar la actual crisis” territorial, derivada tanto del crecimiento de las “aspiraciones independentistas” en Catalunya como de la “inacción” del Gobierno del PP.
Un Estado autonómico al que el PSOE, eso sí, quiere dar un renovado impulso: “Aspiramos a un funcionamiento más integrado del modelo, de forma que la mayoría de la población de todos los territorios se sienta partícipe”, asegura el programa electoral. El documento incardina las reformas con las que quiere lograr “un nuevo impulso del autogobierno” con las propuestas de Santillana del Mar diseñadas por José Luis Rodríguez Zapatero y Pasqual Maragall en el 2003, la declaración de Granada suscrita por Alfredo Pérez Rubalcaba y Pere Navarro en el 2013, y la de Barcelona que sellaron en el 2017 ya el propio Pedro Sánchez y Miquel Iceta. “La España de las autonomías debe seguir avanzando hacia un modelo de Estado cada vez más capaz de integrar la pluralidad”, afirma el programa, que defiende compatibilizar la diversidad con la igualdad y la solidaridad.
El modelo de Estado que proponen los socialistas apuesta así por “la participación de las comunidades autónomas en las actuaciones y decisiones del Gobierno de España, lo que favorece una auténtica integración”. Y, en concreto, propone “la participación en el ejercicio de competencias del Estado por su carácter supraterritorial o por ser de interés general pero que inciden en el territorio de una determinada comunidad autónoma”. También, la participación en la designación de los integrantes de determinadas instituciones del Estado o distintos organismos económicos o reguladores, “pues su actuación tiene incidencia sobre las comunidades autónomas”, o la participación en la elaboración de “planes y estrategias nacionales”, “para que todos aporten su visión del Estado”.
El programa del PSOE plantea igualmente el reconocimiento expreso en la legislación o incluso en la Constitución de los instrumentos de colaboración que favorezcan las relaciones de las comunidades con el Gobierno de España, y de ellas entre sí, como la conferencia de presidentes –“de reunión
Los socialistas ponen un único límite a reconocer las singularidades de los territorios: “La igualdad de todos los españoles”
periódica y obligada”–, las conferencias sectoriales y los convenios de colaboración, además de la reconversión del Senado en “un lugar de encuentro” de las comunidades con el Gobierno central.
Los socialistas insisten en querer clarificar en la Constitución el reparto de competencias, que evite la excesiva conflictividad. Y que la Carta Magna blinde igualmente los principios que deben regir el sistema de financiación autonómica, y el procedimiento para establecerlo con la participación de los territorios. “La Constitución debe garantizar un sistema en el que los gobiernos autonómicos sean responsables de sus propios presupuestos ante el electorado, así como de la eficiencia de la gestión y del gasto”, asegura el programa.
Y apuesta, además, por “el reconocimiento de las singularidades de los distintos territorios en sus propios estatutos de autonomía”. “Se aspira –especifica– a una definición más precisa de los aspectos identitarios, históricos, culturales, políticos y lingüísticos, así como a una organización institucional y territorial adaptada a las peculiaridades de cada comunidad en cuanto no afecte al funcionamiento de otros territorios”. “El límite a ese reconocimiento –advierte– es la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de derechos y libertades, y la igualdad en cualquier parte del territorio”.