El TC revisará el cobro adelantado del impuesto de sociedades
El gobierno del PP obligó a adelantar el pago de sociedades para cuadrar el déficit
El decreto ley impulsado por el exministro de Hacienda Cristóbal Montoro en el 2016 que ayudó al Gobierno del PP a salvar las cuentas públicas al adelantar unos meses el cobro del impuesto de sociedades puede ser inconstitucional. Más de dos años después de que el Consejo de Ministros aprobara la medida y se convalidara después en el Congreso, una empresa ha conseguido, a través de su reclamación ante la sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, que el Tribunal Constitucional vaya a pronunciarse sobre la polémica medida de Montoro. La Audiencia no tiene dudas de esa inconstitucionalidad
La pirueta fiscal del ministro del PP consistió en una modificación tributaria del régimen de pago de las grandes empresas –sólo afectaba a 9.000 de ellas, con más de 10 millones de euros de facturación– por la cual estas se vieron obligadas a partir de entonces a realizar tres pagos a cuenta del impuesto de sociedades en los meses de abril, octubre y diciembre. Se trataba de instaurar una práctica parecida a lo que hacen los contribuyentes con las retenciones al IRPF, pero con la singularidad de que las empresas tributan (o no) por los beneficios del conjunto del ejercicio –que se conocen cuando este ya se ha cerrado–, mientras que las personas físicas pagan impuestos a cuenta por sus ingresos mensuales.
En un momento en el que España trataba de dejar atrás la crisis y cumplir, al mismo tiempo, con la senda de estabilidad presupuestaria que le imponía Bruselas –estaba inmersa en el procedimiento de déficit excesivo–, Montoro halló una fórmula novedosa para contar con el dinero de las empresas por adelantado. El objetivo declarado por el minis
tro se situó en los 5.800 millones, una cifra a la que se llegaría por la retención a cuenta del 23% de los beneficios contables de las empresas afectadas en abril, octubre y diciembre. Sin embargo, esta estrategia, muy discutida en su momento tanto en el ámbito político como en el empresarial, está ahora en entredicho.
La sala de lo contencioso administrativo de la Audiencia Nacional, después de tramitar la reclamación de una empresa, se dirigió al Tribunal Constitucional, que ahora ha admitido a trámite el asunto. La sala considera que la actuación del Gobierno en el 2016 no fue ajustada a derecho ni en el fondo ni en las formas. En primer lugar, porque se podría estar vulnerando el principio de capacidad económica que preserva la Constitución, ya que el pago anticipado obliga a desembolsar un dinero que la compañía en cuestión quizás no dispone en ese momento. Eso significa que, aunque el anticipo de las cuotas permita a la empresa reducir su carga al finalizar el ejercicio, “no puede decirse que no haya sido lastrada por la presión fiscal”, apunta la sala, ya que “habrá tenido que hacer frente a los pagos a cuenta y tomar las prevenciones necesarias para tener liquidez”.
En cuanto al aspecto formal, la duda está en la tantas veces cuestionada utilización partidista y extemporánea de un decreto ley que se habría utilizado, de manera no justificada en esta ocasión, para modificar una ley orgánica, la ley tributaria. Tras la admisión a trámite de la demanda, ahora serán el Congreso de los Diputados, el Senado y la Fiscalía General del Estado los que respondan al requerimiento del Constitucional en los próximos quince días.
En el caso de que, finalmente, el Constitucional considere procedente la reclamación, el cambio legal se anularía y el Estado podría verse obligado a abonar a las empresas que pagaron por adelantado los intereses legales. Pero, más allá del debate jurídico y de los limitados efectos económicos, la futura sentencia del alto tribunal tiene y –sobre todo– tendrá una lectura política. La de poner de manifiesto y cuestionar el modo de utilizar la capacidad de legislar para lograr determinados fines por caminos no ortodoxos. Cristóbal Montoro, el adalid de la estabilidad y el rigor, quizás utilizó atajos inconstitucionales para cumplir con Bruselas.
SITUACIÓN EXCEPCIONAL
España estaba bajo la vigilancia de Bruselas y buscaba contar con 5.800 millones más
LA ARGUCIA
El exministro encontró la fórmula para que las empresas adelantaran los pagos unos meses