La vivienda, un derecho vulnerado
Las entidades sociales tenemos la sensación de haber perdido una década en materia de vivienda. La última crisis que hemos sufrido ha puesto de manifiesto la excesiva mercantilización de la vivienda y, más de diez años después, no somos capaces de poner freno a la emergencia habitacional. La exclusión residencial, en Barcelona y alrededores, tiene el rostro de personas que se ven obligadas a vivir en la calle, en un local o en una vivienda de las entidades sociales. De personas que ven cómo se les sube el precio de alquiler y al que no pueden hacer frente. Personas que no encuentran alternativas asequibles, que viven en una habitación de realquiler sin contrato, donde se las puede echar de un día para otro. Personas que tienen que vivir en viviendas en condiciones inadecuadas, en situaciones de hacinamiento o de insalubridad.
Estas son realidades dramáticas que vemos diariamente en Càritas y que desgraciadamente no siempre están en la agenda política. Durante la crisis económica se hablaba de los desahucios por impago de las hipotecas. Ahora, se habla de los problemas para poder pagar el alquiler. Pero la realidad va más allá. Ante esta situación, creo que no estamos haciendo lo bastante como sociedad. Tenemos un 2% de vivienda social, cuando en los países de nuestro entorno es el 15%. El mismo porcentaje lo fijamos en la ley del Derecho en la Vivienda de Catalunya para el 2027, pero seguimos en el punto de salida desde el día en que se aprobó la ley.
Las diferentes reflexiones que hemos hecho sobre la vivienda han dejado patente que no hay una sola medida o política “mágica” que resuelva esta situación, sino que necesitamos sumar todos los esfuerzos y las actuaciones desde los diversos actores que estamos trabajando en este ámbito: administraciones públicas (estatal, autonómicas y municipales), entidades sociales, agentes privados y ciudadanía. Estas intervenciones tienen que alinearse con la voluntad de recuperar la función social de la vivienda, de incluir todas las políticas dentro el paraguas del Estado de bienestar. Hace falta que repensemos la vivienda social, incluyendo todo el proceso de acompañamiento de las personas cuando sea necesario, combinando aquellas políticas de largo plazo, que consigan incrementar el parque público, con políticas de emergencia, que garanticen acceder a un hogar digno a todas aquellas personas y familias que lo necesitan ahora mismo. No es suficiente con promulgar este derecho, sino que se tienen que establecer, a su vez, medidas prácticas y efectivas, y sobre todo, diseñar políticas que tengan impacto sobre los colectivos en situación de mayor vulnerabilidad.
Para hacerlo hay que asignar recursos con valentía política. Se necesita un compromiso social y político a largo plazo. El Estado, la Generalitat y los municipios, junto con las entidades sociales y los agentes privados, tenemos que poder trabajar coordinadamente, con una política estable y una asignación de recursos lo bastante fuerte y estable que permita abordar las emergencias y las políticas estructurales. Somos muchos los que desde diferentes sitios estamos preocupados y queremos que la vivienda sea un derecho práctico y efectivo que llegue a todo el mundo. Nos tenemos que poner de acuerdo. Porque no podemos perder más décadas, porque la vivienda es la clave para acceder a otros derechos.
Hay que asignar recursos con valentía; se necesita un compromiso social y político a largo plazo