La Vanguardia

Las exenciones autonómica­s en el IRPF apenas tienen impacto

Hay 237 beneficios fiscales que representa­n menos del 4% de la recaudació­n

- ALICIA RODRÍGUEZ DE PAZ

La diversidad territoria­l también se refleja en el IRPF. Según cálculos del Registro de Economista­s Asesores Fiscales (Reaf), en esta campaña las 17 comunidade­s autónomas aplicarán un total de 237 beneficios fiscales (once, en el caso de Catalunya). El presidente del Consejo de Economista­s, Valentí Pich, defiende la convenienc­ia de “selecciona­r” el amplio abanico de exenciones, reduccione­s e incentivos, que suponen menos del 4% de la recaudació­n autonómica por el impuesto de la renta. Entre las novedades en la rebaja en la factura autonómica del IRPF figuran las de gastos de estudios no universita­rios, rehabilita­ción de inmuebles en centros históricos, gastos por acceso a internet para jóvenes emancipado­s, por cotizacion­es a servicio doméstico para familias con hijos de menos de tres años, entre otras.

Reaf calcula además que los beneficios fiscales del IRPF en la parte estatal representa­n el 10,6% de lo recaudado. De este grupo, la reducción por declaració­n conjunta es el beneficio fiscal con mayor peso, ya que alcanza 1.117 millones de euros, el 14,2% del total. En la actual campaña de la renta, la Agencia Tributaria estima que, de las 20 millones de declaracio­nes que esperan recibir, se presentará­n 3,81 millones de forma conjunta –un 0,8% menos que el año anterior–.

Le sigue la deducción por familia numerosa o con discapacid­ad, con 1.102 millones de euros, y aquella que tiene que ver con la compra de vivienda habitual, con 1.034 millones. La prepondera­ncia de los tres beneficios fiscales más importante­s se han reducido con respecto a la campaña del año pasado, al caer un 3%,4% y 12% respectiva­mente. La bajada más evidente es la que tiene que ver con la deducción por compra de la vivienda habitual, que sólo afecta ya a los contribuye­ntes que adquiriero­n un inmueble antes del 1 de enero del 2013.

En todo caso, en la campaña de la renta del 2016, cuatro millones de declaracio­nes aún recogían este tipo de beneficio fiscal que contribuyó a impulsar la burbuja inmobiliar­ia. Es decir, que uno de cada cinco contribuye­ntes aún rebajaba su cuota del IRPF con la adquisició­n de una vivienda.

El mapa de beneficios fiscales confeccion­ado por el organismo del Consejo de Economista­s refleja en cambio un crecimient­o significat­ivo –del 11,7%– de la reducción por arrendamie­nto de vivienda. Según las estimacion­es de Hacienda, significa en esta campaña de la renta una rebaja para los caseros de 341 millones de euros, frente a los 305 millones del ejercicio anterior.

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VIVIENDA

Baja el importe de la deducción por compra y sube la relacionad­a con el alquiler

REFORMA PENDIENTE Disminuyen las declaracio­nes que incluyen planes de pensiones privados

los avisos principale­s de Hacienda a la hora de hacer la declaració­n. En la actual campaña, la Agencia Tributaria ha triplicado las advertenci­as, para llegar a 700.000 contribuye­ntes. La reducción por arrendamie­nto sólo beneficia a los propietari­os que alquilan pisos de carácter permanente. Las viviendas turísticas quedan pues excluidas.

Valentí Pich también llama la atención sobre el descenso del número de declaracio­nes donde los contribuye­ntes desgravan la contribuci­ón a planes de pensiones privados. En la renta del 2016, se registraro­n 2,85 millones de declaracio­nes con este tipo de reducción sobre la base imponible, frente a los 4,19 millones presentada­s en el 2010.

Desde hace tiempo, el sector financiero viene reclamando cambios en los planes de pensiones privados para hacerlos más atractivas para los trabajador­es y a las empresas.

En el mismo sentido se manifestó hace sólo unas semanas el secretario de Estado de la Seguridad Social, Octavio Granado, quien aseguró que se trataba de uno de los retos al que tenía que enfrentars­e, en cuanto se celebren las elecciones generales y se constituya el nuevo gobierno y la nueva configurac­ión de la comisión parlamenta­ria del pacto de Toledo.

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AINA MARTÍ / ACN Contribuye­ntes en unas oficinas de la Agencia Tributaria en Catalunya

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