Más allá de la aritmética
El enquistamiento de la crisis catalana ha sido el detonante de estas elecciones y de la irrupción impetuosa de Vox en la política española. Después de mañana, seguirá marcando la pauta gane quien gane estos comicios.
La campaña electoral ha evidenciado que aquel bipartidismo que con tanta alegría y contundencia se dio por muerto, está más vivo que nunca. Sólo que en lugar de dos siglas que se turnan en el poder, ahora se enfrentan dos bloques. Pero cuando muchos daban por extinguida la clásica diferenciación entre derecha e izquierda, resulta que esa dicotomía está plenamente vigente, sobre todo después del claro desplazamiento de Ciudadanos hacia el PP y los intentos de esas formaciones de evitar la fuga de apoyos hacia Vox. Eso es así, salvo que Albert Rivera pactase con el PSOE si hubiera opciones a partir de mañana.
En Catalunya, el voto también se va a regir por esos parámetros, pero sobre ellos se solapa el eje a favor o en contra de la independencia. Aquí cada elección es leída como un plebiscito. Pero los resultados en este territorio no sólo son relevantes para la política catalana, sino también para la española. Porque los independentistas pueden condicionar la gobernabilidad, porque esta cuestión es lo que aleja al PSOE de un eventual pacto con Ciudadanos y porque Vox no gozaría de expectativas tan halagüeñas si no fuera por lo acontecido en Catalunya en septiembre y octubre del 2017.
Quizá la actuación de los abogados de Vox en el juicio a los líderes independentistas no ha sido tan espectacular como se predijo, pero el recuerdo de los hechos de octubre que ha supuesto la vista oral, junto con el enquistamiento de la crisis catalana no ha hecho otra cosa que favorecer a la ultraderecha nacionalista, en un contexto económico, ideológico y mediático en el mundo occidental propicio a este tipo de inflamaciones antipolíticas. Ese fenómeno, a su vez, ha provocado una escisión en la derecha. El PP y Ciudadanos entraron en pánico y se dejaron arrastrar por el discurso de Vox hasta abrirle de par en par las puertas del Gobierno en el caso de Pablo Casado.
A su vez, el juicio y la falta de perspectivas de negociación ha permitido al independentismo mantener su respaldo en Catalunya. Puede que incluso lo incremente con respecto a las generales del 2016, al menos por lo que apuntaban
las encuestas de hace una semana. ERC y el PSC se disputan el primer puesto en estas elecciones en Catalunya. Para los republicanos supondría un hito, ya que por primera vez ganaría una opción independentista en unos comicios de ámbito español. Para los socialistas implicaría recuperar un podio que perdieron hace más de una década. Pero al margen de lecturas partidistas, es evidente que una y otra situación tiene consecuencias en Catalunya y en toda España.
Por un lado, la victoria de los republicanos sería un paso más en la lucha por la hegemonía del independentismo entre Esquerra y Junts per Catalunya. Constituiría un empujón inestimable para la verdadera contienda entre ambos: la de Carles Puigdemont y Oriol
Junqueras, cara a cara, en las europeas del 26 de mayo. El líder de ERC espera que su decisión de “dar la cara” y afrontar el juicio en el que todo el mundo ha podido verle durante semanas sea recompensada en las urnas en el momento decisivo. Si los republicanos salen airosos de ese choque definitivo, también resultará reforzada su teoría de la rectificación implícita, que es lo que están intentando aplicar. Es decir, abandonar la vía unilateral, ampliar el apoyo social a la independencia e intentar la negociación de un referéndum, con el horizonte de una legislatura. Si las expectativas creadas sobre ERC no se cumplen en el ciclo electoral del 28 de abril al 26 de mayo, la competencia con Junts per Catalunya complica cualquier entendimiento con Sánchez en el caso de que éste tenga opciones de seguir gobernando. JxCat ha mantenido durante esta campaña una posición ambigua sobre un
El 28-A marca la evolución de la crisis catalana, y el resultado independentista del 26-M influirá en España
eventual apoyo al PSOE, pero el pasado viernes la candidata Laura Borràs, persona de confianza del president
Quim Torra, aseguró que no volverían a dar un “cheque en blanco” a Pedro
Sánchez.
La suma de la derecha abriría en Catalunya un período de tensión que podría provocar un aumento del independentismo en las municipales y europeas. Es posible que propiciara incluso tentaciones de desobediencia por parte de Torra para provocar la aplicación del artículo 155 y una reacción en la calle, o bien un adelanto de las catalanas para aprovechar el malestar del soberanismo, incluso del más tibio.
Por su parte, un Gobierno de Sánchez actuará en función de su respaldo parlamentario. Lo primero que pondrá Podemos sobre la mesa será entrar en el Ejecutivo. Pablo Iglesias apuesta fuerte por contar con ministros en el nuevo gabinete, no desea quedarse fuera como hasta ahora. Es algo que el PSOE no contemplaba hace unas semanas ni por asomo, pero que finalmente Sánchez lo consideró posible en una entrevista esta misma semana. Una vez despejada esa incógnita, habrá que ver si necesitaría también a Esquerra. Si el nuevo gobierno es de coalición entre el PSOE y Unidas Podemos, a los republicanos les resultará más fácil apoyarlo, puesto que Iglesias defiende en su programa la celebración de un referéndum en Catalunya.
La declaración unilateral de independencia de octubre del 2017 supuso la mayor crisis política de la reciente democracia española y aún no se atisba siquiera una voluntad de afrontarla de verdad. Mientras eso no ocurra, seguirá condicionando la gobernabilidad de manera imprevisible. Mariano Rajoy creyó que era un suflé que bajaría con el tiempo y en los últimos meses existe la tentación de considerarlo una molestia crónica. Pero la mera celebración de estas elecciones adelantadas demuestra que no es una cuestión que el próximo presidente del Gobierno pueda sacudirse de encima, más allá de la aritmética parlamentaria.