Alemania persevera en el error
La política alemana sigue acreditando su obstinación integrista en aplicar la misma receta económica independientemente del contexto en el que estas se deben aplicar. Si durante la crisis del euro, a partir del 2010 y hasta el 2014, la prescripción emanada de la cancillería de Berlín, ocupada ya entonces por la actualmente saliente Angela Merkel, fue la de la austeridad a toda costa, en la actual coyuntura, en la que la economía más potente de Europa se encuentra en horas bajas y amenaza con hundirse arrastrando a sus socios en la caída, vuelve a emitir las mismas indicaciones.
Pese a su situación de superávit fiscal, el Gobierno federal alemán, con amplio apoyo parlamentario, rechaza utilizar su margen de política presupuestaria para mitigar el descenso de la actividad. Los indicadores recogidos de los últimos meses constatan que la desaceleración alemana se está consolidando y agravando, con el consiguiente efecto dominó sobre el resto de las economías de la eurozona.
La gran fortaleza de Alemania ha sido su capacidad exportadora, es una de las economías más abiertas del mundo.
Pero en momentos de desaceleración o choque comercial esa fortaleza es siempre una debilidad.
Un país con superávit comercial de un país que está produciendo más de lo que consume e invierte. Cuando esa situación se convierte en permanente, como es el caso de Alemania, las implicaciones económicas internas y externas son muy relevantes. En el terreno interior implican que el consumo debe ser bajo en proporción al conjunto de la economía. En el externo, que otros países deben aceptar un déficit comercial crónico para que Alemania mantenga su superávit. Cualquiera de las dos caras es negativa para los socios de la gran potencia. Alemania ofrece, en términos relativos, un mercado interior muy pequeño a sus socios y, al mismo
tiempo, les drena demanda, pues su economía funciona sobre la base de vender siempre al exterior más de lo que compra.
Como quedó en evidencia durante la última crisis del euro, la moneda única acabó siendo una especie de máquina diabólica que agravó esa dinámica. Alemania vendía sus productos industriales –coches, lavadoras, frigoríficos, equipos de transporte– a sus socios y el excedente acababa en las arcas de los bancos alemanes. Estos acababan invirtiendo una parte del dinero en financiar burbujas en el sur de Europa –el inmobiliario español– o en la isla de Irlanda. La otra parte se destinó a comprar los productos tóxicos que fabricaba Wall Street con las hipotecas subprime.
Cuando estalló la crisis, la principal preocupación de la política y las finanzas alemanas fue que los países atrapados en esa dinámica pagaran sus deudas a los bancos. Así diseñaron planes de rescate que en realidad venían a salvar a los bancos acreedores y no a los países afectados por el colapso financiero. Para ello se diseñó la política de austeridad. Si los estados no gastaban podrían hacer frente a las deudas.
Pero lo que en realidad acabó pasando fue no solo que los países no pudieron hacer frente a sus compromisos, la austeridad mató las posibilidades de recuperación de la economía, sino que las deudas privadas acabaron siendo públicas. Primero de los estados, pero luego de los organismo públicos internacionales, especialmente del Banco Central Europeo (BCE), que aún hoy es el principal tenedor de deuda pública de varios países del Sur de Europa, comenzando obviamente por España.
Pero en Berlín no lo ven igual, pese a que instituciones que se tienen por guardianas de la ortodoxia económica, como el Fondo Monetario Internacional (FMI) que dirige Christine Lagarde, ya hace tiempo que han reconocido los errores de prescribir ajustes de gasto en épocas de recesión. Agravan los problemas por la vía de generar más deuda en economías estancadas.
Ahora, Alemania encadena varios meses de malos indicadores. Especialmente en el ámbito industrial, su gran fortaleza, especialmente en el complicado sector del automóvil. En abril registró el cuarto mes consecutivo de caída de actividad. La medida del crecimiento del producto interior bruto (PIB), lo que la economía produce en un año, estará en el nivel más bajo en más de seis años. Como consecuencia, la eurozona podría registrar un crecimiento trimestral de tan sólo el 0,2%, o incluso inferior. Un peligroso coqueteo con la recesión cuando las heridas de la pasada crisis siguen aún abiertas.
El año pasado, Alemania cerró sus cuentas públicas con un superávit presupuestario de 58.000 millones de euros, el 1,7% de su PIB, que es unas tres veces el español. Pese a ello, descarta utilizar ese margen de maniobra para incentivar su economía, que entre otras cosas adolece de infraestructuras adecuadas para un país de su nivel de calidad industrial.
Ahora, todo está en manos del BCE, que ha decidido de momento no subir los tipos de interés. Pero si esas medidas, y otras potenciales adicionales, no funcionaran, el debate sobre la política económica alemana dejaría de ser un asunto interno para importar al conjunto de Europa e incluso a la economía mundial. No sería nada nuevo, en el 2010 hasta Barack Obama suplicó sin éxito a Angela Merkel que fuera un poco más desprendida.
El Gobierno alemán rechaza utilizar su superávit presupuestario para mitigar el descenso de la actividad