Nissan asegura que el futuro de la planta de Barcelona es incierto
La empresa amenaza con un ERE duro tras la ruptura con el comité
“Todas las opciones están abiertas”, dijeron ayer fuentes de Nissan Motor Ibérica, que aseguraron que el futuro de la planta de Barcelona es ahora “incierto”. “Hemos trasladado a la dirección de la multinacional en Europa y en Japón que ha sido imposible llegar a un acuerdo con el comité y ahora es el grupo el que debe tomar una decisión”, explicaron tras romper las negociaciones con el comité de empresa para llevar a cabo un recorte de 600 empleos, aproximadamente un 20% de la plantilla de Barcelona.
Pese a esta dura reacción de la compañía, fuentes sindicales admitieron que ayer mismo se produjeron una serie de llamadas informales entre miembros del comité y representantes de la dirección para intentar reconducir la situación. Principalmente para convencer a Comisiones Obreras y a UGT de que se sumen a un acuerdo que el primer sindicato, Sigen-Usoc, es partidario de aceptar. La misma dirección trasladó a la plantilla ese mensaje de que la planta podría cerrar si ahora no se sientan las bases para poder optar en un futuro –como muy pronto dentro de dos años– a la adjudicación de un nuevo modelo. El primer golpe, según la empresa, podría ser la aplicación de un “ERE puro y duro” en lugar de un expediente pactado, sin despidos traumáticos y con indemnizaciones cuatro veces mayores al mínimo legal.
Para la dirección, la actitud de los sindicatos es “una irresponsabilidad” teniendo en cuenta la compleja situación que vive la industria del automóvil en general, y en especial la planta de Barcelona. La factoría funciona a menos del 30% de su capacidad y cada día de retraso en la aplicación del recorte supone ir acumulando fuertes pérdidas. Queda en el aire de momento la inversión de 70 millones de euros en una nueva nave de pinturas, algo imprescindible para la continuidad de la factoría.
Las negociaciones se rompieron pasadas las 3 de la madrugada del viernes, tras casi una semana de reuniones de quince horas bajo la mediación de la Conselleria de Treball. Se había llegado a un consenso bastante amplio respecto a los aspectos económicos de las bajas y sobre el convenio, pero todo se vino abajo cuando Comisiones Obreras y la CGT exigieron garantías sobre el mantenimiento de los 2.500 puestos que quedarán al menos durante la vigencia del convenio, hasta finales del 2021. La dirección calificó esa petición de “línea roja” y dio por finalizada la reunión. Aunque Sigen-Usoc es el primer sindicato con 5 delegados en la comisión negociadora, no dispone de la mayoría suficiente como para poder firmar un acuerdo en solitario. Podría haberlo hecho con los 3 de la UGT, que en principio también se inclinaban por el acuerdo, pero que rechazan firmar si no lo hacen también los 4 de CC.OO. La CGT (1 delegado) rechaza el pacto. “Nos parece lamentable que la dirección de la empresa no ofrezca garantías de empleo reales para los trabajadores que siguen trabajando en los centros de Zona Franca y Montcada, pese a que el comité ha realizado innumerables propuestas de acercamiento”, dijo el comité en un comunicado.
La exigencia de garantías sobre el mantenimiento del empleo hace fracasar las negociaciones