El Govern limitará el precio de los alquileres por decreto ley
La Conselleria de Justícia y la de Territori chocan sobre el estado de la norma
El decreto anunciado por la consellera de Justícia, Ester Capella, obligará a que el valor del alquiler urbano se fije por ley en torno al índice de referencia de precios del alquiler en las zonas que se consideren de alta demanda. No obstante, se podrá delegar en los ayuntamientos, como en el caso de Barcelona.
La consellera de Justícia de la Generalitat, Ester Capella, anunció ayer que llevará al próximo Consell Executiu un decreto ley para limitar el precio de los alquileres urbanos, para que entre en vigor de forma inmediata. La medida, sin embargo, no está aún consensuada entre los socios del propio Govern. Justicia está controlada por ERC, mientras que la conselleria de Territori, titular de las competencias en materia de vivienda, está controlada por JxCat. Portavoces de esta conselleria, tradicionalmente poco favorable a topar las rentas, explicaron que están en proceso de elaboración del texto, y que no está claro que pueda aprobarse el martes. Tampoco conocían la iniciativa de Justícia de presentar públicamente los borradores sobre los que negocian.
Según Ester Capella, el decreto facultará a la conselleria competente en materia de vivienda, en estos momentos la de Territori, para que pueda limitar el precio del alquiler, ya sea directamente o dando a los ayuntamientos la capacidad para hacerlo. La consellera añadió que el martes llevará también al Consell Executiu la memoria preliminar del anteproyecto de ley de Arrendamientos Urbanos, que ampliará la regulación del decreto ley.
La consellera de Justícia presentó el decreto ley a las juntas del Col·legi d’Agents de la Propietat Immobiliària (API) de Barcelona y la Asociación de Agentes Inmobiliarios de Catalunya, que presiden Gerard Duelo y Joan Ollé. Capella defendió ante los agentes la “necesidad y la urgencia” de regular este tema, lo que ha llevado al ejecutivo a modificar su plan inicial, anunciado en marzo (de crear una cozonas, misión de expertos para reformar el Código Civil de Catalunya) y optar por la vía rápida, que es el decreto ley.
Así, según explicó Capella, el decreto obligará a que el valor del alquiler urbano se fije por ley en torno al índice de referencia de precios del alquiler en las zonas que se consideren de alta demanda. La Conselleria de Territori será la encargada de delimitar esas a petición de los ayuntamientos, y podrá delegar esa competencia a municipios como Barcelona, que en su carta municipal tiene esas competencias, para que determinen ellos mismos las zonas y el precio. “Se declaran zonas tensas, de manera que la limitación de rentas no es ilimitada en el tiempo”, explicó.
La consellera justificó la urgencia de acudir al decreto ley en el que han sufrido los precios de los alquileres, que a su juicio no se ajusta “ni a los salarios ni al incremento de la capacidad adquisitiva que tiene el país”.
En Catalunya, señaló la Conselleria de Justícia, el precio medio del alquiler ha crecido un 29% en los últimos cinco años, alcanzando los 698 euros, 160 más que en el 2013, y ya está a un nivel superior al registrado antes de la crisis, especialmente en Barcelona, donde el precio medio de un piso de alquiler de 72 metros cuadrados es actualmente de 949 euros, según el Incasòl. En el último año, sin embargo, los alquileres se han estancado, o incluso han empezado a bajar en algunas zonas.
Fuentes de la conselleria explicaron que si un propietario arrienda su piso por encima del valor máximo, el inquilino podrá acudir al
terno”. El capítulo más extenso es el referente a las irregularidades en la contratación. Según la Sindicatura, en 24 expedientes los criterios basados en juicios de valor para adjudicar una obra ponderaban entre un 50% y un 70%. El organismo fiscalizador de la gestión pública recordó que “la normativa contractual establece que se debe dar preponderancia a los criterios objetivos”. Además en muchos de esos casos se trataba de contratos de mantenimiento y conservación de edificios, donde no hay criterios que justifiquen la preponderancia de “criterios subjetivos en su adjudicación”.
El síndico denunció también que “en el caso de ofertas presuntamente anormales o desproporcionadas, los informes técnicos de valoración de las justificaciones presentadas por el licitador no estaban suficientemente motivados”.
A lo largo del extenso informe de 168 páginas se cuestiona el papel de la Oficina Tècnica d’Avaluació. La Sindicatura además cuestiona de manera específica 18 expedientes de adjudicación porque “se incumplen de manera efectiva los principios de concurrencia, igualdad de trato y no discriminación”.
También se informa de que “las retribuciones íntegras anuales del presidente, del director general y de cuatro directivos superaban las fijadas para el cargo de conseller de la Generalitat en la ley de Pressupostos”. Adicionalmente, el informe asegura que “las remuneraciones de otros catorce directivos superaban las fijadas para el cargo de director general”. En ese mismo capítulo de remuneraciones se avisa que había tres trabajadores que percibían un plus de 5.403 euros anuales cada uno sin que estuviera acreditada la causa. La Sindicatura avisa de que esa irregularidad podría dar origen a hechos perseguibles administrativamente y judicialmente”.
Además de analizar la labor de Infraestructures.cat, la Sindicatura promueve cinco recomendaciones sobre “la necesidad de revisar los procedimientos de contratación y de control interno para corregir las incidencias detectadas que se ponen de manifiesto”.
El trabajo recoge también las alegaciones realizadas por la empresa pública en que niega buena parte de las acusaciones.
Infraestructures.cat es una empresa pública con forma jurídica de sociedad anónima unipersonal. Es la heredera de GISA (Gestió d’Infraestructures) y de otras sociedades como Regs de Catalunya, Reg Sistema Segarra-Garrigues y Equipaments i Edificis de Catalunya.
INFORME
El organismo recomienda mejoras en la contratación y la gestión
RETRIBUCIÓN
El informe avisa de que podría haber hechos perseguibles por tres sobresueldos