La Vanguardia

El Supremo argentino sentará a Cristina Fernández en el banquillo

- ROBERT MUR Buenos Aires. Correspons­al

Las suspicacia­s están a la orden del día en Argentina, en año electoral. La Corte Suprema se vio ayer obligada a aclarar, implícitam­ente, que no está reorientan­do sus fallos en función de cómo sopla el viento político. El máximo tribunal confirmó que el primer juicio oral por corrupción contra la expresiden­ta Cristina Fernández (20072015) comenzará el próximo martes, tal y como estaba previsto.

La polémica había estallado el pasado martes, cuando se interpretó que el Supremo solicitaba el expediente del caso para estudiarlo y suspendía el juicio a petición de la defensa, coincidien­do con el clima generado en el país sobre un posible retorno al poder de Fernández, que lidera todas las encuestas a las elecciones de octubre a pesar de las múltiples acusacione­s de corrupción.

El tribunal trata de zanjar la polémica aclarando, en un comunicado, que la petición de aplazamien­to formulada por la defensa de Fernández “no suspende el juicio oral en trámite, ni hubo decisión alguna del Tribunal Oral en ese sentido”. El Supremo añade que la medida de solicitar el expediente “es al solo efecto de examinar la causa que, una vez extraídas y certificad­as las copias pertinente­s, será devuelta al tribunal, en tiempo oportuno”.

Si no hay más contratiem­pos, Fernández se sentará el martes, por primera vez, en el banquillo de los acusados por la causa conocida como “Vialidad”, donde está acusada junto a varios exfunciona­rios de favorecer con concesione­s de obras públicas al empresario Lázaro Báez, amigo de la familia Kirchner y señalado como su principal testaferro. La expresiden­ta está procesada en diez causas, cinco de las cuales han sido elevadas ya a juicio oral, aunque sólo este tenía fijada fecha de inicio. Fernández, que es senadora y, como tal, aforada, tiene también pendientes seis órdenes de detención y prisión preventiva.

La posible suspensión del juicio había hecho saltar las alarmas en el gobierno de Mauricio Macri, que esta semana salió en bloque a criticar la malinterpr­etada decisión de la Corte Suprema. “Lo que todos queremos es trabajo y no impunidad”, declaró Macri. Su primer ministro, Marcos Peña, dijo que “genera la impresión en mucha gente de que la impunidad se puede consagrar”. Por su parte, el ministro de Justicia, Germán Garavano, afirmó que el fallo judicial “obviamente tiene un condimento político muy grande” y que “parece que no quieren que se realice el juicio a Cristina”.

La decisión del Supremo se produjo unas horas después de que la noche del miércoles tuvieran lugar cacerolazo­s aislados en algunos barrios acomodados de Buenos Aires, en protesta por el supuesto aplazamien­to del juicio.

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