Por un buen gobierno
Una sociedad bien gobernada da lugar a un Estado fuerte, aunque a veces esta idea se confunda con otra muy distinta: la de la fuerza del Estado. Y este buen gobierno requiere dos condiciones. Una es la inclusividad de las instituciones; es aquello bien traído por Umberto Eco en Apocalípticos e integrados. En un buen Estado los integrados son muchos y los apocalípticos, una minoría residual. Cuando esto no sucede, la culpa mayor no es obviamente del más pequeño, sino del poder establecido, que ha excluido a demasiada gente, valores y necesidades. La otra condición es la estabilidad gubernamental. Sin horizonte a largo plazo, la democracia se convierte en una aventura.
España tiene actualmente un déficit en ambos aspectos y su futuro es incierto. Lo es como sociedad bien gobernada, y puede llegar a serlo incluso como régimen. En nuestro caso, la resolución de ambas cuestiones podría pasar por una práctica tan europea como la de las grandes coaliciones, pero con los actuales postulados y protagonistas, y la nula tradición, el deber se convierte en un brindis al sol.
Pero si nos detenemos en la historia reciente podemos constatar que hay otro enfoque que aporta inclusividad y estabilidad, circunscrito, eso sí, sólo a determinadas cuestiones. Se trata del pacto de Estado. Nuestros mejores resultados, incluso en condiciones muy adversas, surgen de su aplicación. Pasó con el pacto constitucional, que ha dado lugar a un texto lo suficientemente bueno como para que su principal detractor, Pablo Iglesias, partidario de derrocar el régimen del 78, lo haya convertido en su programa electoral en las últimas elecciones. También con los
pactos de la Moncloa, que permitieron salir de una situación económica crítica. Se repitió el caso con la incorporación a la Comunidad Europea primero, y después, para alcanzar los objetivos exigidos para estar en el euro. Mucho más específicos, los Juegos Olímpicos de Barcelona fueron el fruto de esta capacidad de pactar por encima de las diferencias. De eso se trata ahora.
El objetivo es lograr un gobierno fuerte, no por la amplia mayoría que lo configura, sino por los pactos de Estado que se han acordado y que el Gobierno gestiona. En el bien entendido de que tales pactos deberían ser fruto de la implicación de una parte sustancial del arco parlamentario español, sin exclusiones a priori.
Cuatro de estos pactos son vitales. Aquel que encauce el conflicto de Catalunya, que en realidad forma parte, con una visión más amplia, de la cuestión de la distribución del poder territorial en España. Las pensiones y, ligadas a ellas, las medidas que mejoren el equilibrio generacional en el gasto público. La necesidad del siempre pendiente pacto sobre la educación y, por último, la urgencia de impulsar adecuadamente la transición energética.
Por lo que respecta a la cuestión catalana, es preciso asumir que el pacto es el único camino para sellar un acuerdo que la resuelva, ya que ni Catalunya puede imponerse unilateralmente a España, ni es imaginable la unilateralidad por parte española, a espaldas de cientos de miles de ciudadanos catalanes, lo que mantendría el conflicto persistentemente abierto.
En definitiva, es necesario conseguir que este país funcione bien. ¿Pero qué es lo que permite lograr tal objetivo? En último término los propios ciudadanos. Pero si es así, ¿por qué las personas emigradas a países que lo hacen mejor obtienen a menudo superiores resultados que en su lugar de origen? Argentina es un caso de libro.
La respuesta radica en las instituciones, en su capacidad para ser estables e inclusivas, y hacer bien su tarea. Un libro que ha alcanzado notoriedad, de Daron Acemoglu y James A. Robinson, Por qué fracasan los países, con un explícito subtítulo: Los orígenes del poder, la prosperidad y la pobreza, trata de ello y muestra la naturaleza decisiva del entramado institucional en el bienestar y la prosperidad. El funcionamiento de las instituciones del Estado, los tres poderes, pero también la excelencia de las leyes, de las instituciones sociales y de las tradiciones y costumbres, forman parte del cuerpo institucional y determinan la marcha de un país. Tanto, que toda una visión económica, la Nueva Economía Institucional (NEI), lo sistematiza en el ámbito académico.
Y todo esto es así porque la democracia representativa no es por sí sola una garantía, sólo constituye una condición necesaria. Es para alcanzar en nuestro caso este buen funcionamiento basado en la inclusión, la estabilidad y la eficiencia, que propugnamos en nuestras condiciones concretas el pacto de Estado como instrumento.
Nuestros mejores resultados, incluso en condiciones muy adversas, surgen de la aplicación de pactos de Estado