El Sant Pau cierra
Los cooperativistas de este gimnasio social del Raval bajan la persiana ahogados por deudas, falta de ayudas e incumplimientos municipales
Aquella fuga de agua en el edificio de al lado que el Ayuntamiento desatendió ocho meses se convirtió en una losa que al final aplastó el gimnasio social Sant Pau, que lo condenó al cierre.
“Estuvimos ocho meses con la mitad de las instalaciones cerradas: sin la sala polivalente, las dos saunas, los vestuarios para niños y los cambiadores para transexuales –cuentan los cooperativistas–. Las pérdidas fueron enormes: 10.000 euros al mes y la mitad de nuestros socios. No pudimos remontar. Y encima luego, después de ocho meses de espera, llegaron dos obreros y arreglaron la fuga en cinco días. Pero continuamos porque nos creímos que el Ayuntamiento iba a comprar el gimnasio. Ahora debemos más de 150.000 euros, principalmente a la Seguridad Social y a empresas suministradoras. De los 16 trabajadores que fuimos sólo quedamos diez, cobrando el 40%. No queremos acabar embargados, nuestras familias no pueden más...”.
Las cuentas de este equipamiento del Raval siempre fueron delicadas. Unos 500 socios pagaban sus cuotas, y unas 900 personas disfrutaban de sus instalaciones de modo gratuito. Personas sin hogar, hijos de parados que no abandonan las clases, adolescentes marroquíes sin domicilio fijo enviados por el Ayuntamiento... Unas 90 personas aún se duchan aquí cada día. Aquí siempre pudo apuntarse todo el mundo, aunque no tuviera ni un papel.
Y la verdad es que el Sant Pau lleva años tratando de esquivar el cierre. Reunió más de 20.000 firmas para que el Ayuntamiento se hiciera con el inmueble y realizara un proyecto de vivienda social que permitiría garantizar su supervivencia. Pero los técnicos no validaron sus firmas. Además, la multiconsulta
del gobierno de Ada Colau nunca se realizó. Entonces, sin embargo, las relaciones entre la cooperativa y el Ayuntamiento aún eran buenas. De hecho, en el 2017 el Ayuntamiento compró la finca colindante a la familia propietaria para que prorrogaran el contrato de alquiler del gimnasio. Luego todo se enturbió a raíz de la fuga de agua. De todas formas los cooperativistas convencieron a la mayoría de ediles para que el pleno municipal aprobara la compra de la finca antes de finales del año pasado. El ejecutivo de Colau, a pesar de que siempre puso al Sant Pau como ejemplo de negocio con retorno social, aunque siempre subrayó que iniciativas como esta son las que de veras contribuyen a hacer de Barcelona un lugar mejor, dejó que se agotaran los plazos.
“Y es que, a pesar de que hace años que el Ayuntamiento no nos da ayudas –siguen explicando los cooperativistas–, no para de derivarnos gente para que la atendamos, sobre todo durante los últimos meses, sobre todo jóvenes marroquíes usuarios del equipamiento para personas sin hogar de la Zona Franca... Al final no hemos sabido equilibrar el negocio y la función social. Ahora sólo nos queda proponer a las más de 30 entidades con las que colaboramos que traten de asumir el proyecto. Nosotros ya no podemos más, no podemos asumir la deuda. Las relaciones con la familia propietaria son muy difíciles. Les gustaría vender el edificio. Tienen prisa porque quieren esquivar la obligación de dedicar el 30% a vivienda asequible. Pero nosotros estamos al día con el pago del alquiler. Son 1.800 euros al mes. A partir de hoy dejaremos de atender a las personas que no pagaban, y los que ya pagaron podrán venir hasta el día 1. Abriremos unas pocas horas al día, hasta que cerremos”.
ÚLTIMA ESPERANZA
La cooperativa ofrece a entidades sociales la posibilidad de asumir su proyecto
Aunque lo aprobó el pleno, el Ayuntamiento nunca compró el equipamiento