Perspectivas 2022
En el ruido de las campañas electorales siempre quedan en sordina aspectos clave del debate público. Hoy, entre otros, quisiera centrar su atención en los que muestra la actualización del programa de estabilidad 2019-2022, enviado por el Gobierno a Bruselas hace unos días. Un documento que siempre pasa desapercibido, pero que tiene notable relevancia al reflejar los márgenes de maniobra del cuatrienio, autoimpuestos por el Ejecutivo u obligados por la Comisión. Veamos algunos de sus elementos más sustanciales.
Primero, reconocimiento de debilidades estructurales (elevada deuda pública y exterior, alta tasa de paro y desigualdad) que, para reforzar el avance del PIB, precisan de reformas de calado en frentes muy diversos (demográfico, climático, digital o tecnológico). Segundo, moderación en el crecimiento del PIB y del empleo, desde el 2,6% del 2018 al entorno del 1,9% en el 2020-22, con una tasa de paro que sólo en el 2022 se situaría por debajo el 10%. Todo ello en un contexto de mantenimiento de excedentes exteriores, aproximadamente del 1% del PIB. Tercero, defensa de la estabilidad presupuestaria, con un déficit público que caería del 2,5% del 2018 al 0,0% en el 2022 y una deuda pública en el 90%.
Finalmente, incremento de los ingresos públicos sobre el PIB (del 39% del 2018 al 41% del 2022), al tiempo que los gastos se mantienen en el 41%. Ahí hay una relevante
Lo más relevante del programa de estabilidad enviado por el Gobierno a Bruselas es su moderación
diferencia con el anterior programa de estabilidad 2018-2021 del PP: para conseguir el déficit cero en el 2021, el gobierno Rajoy proponía mantenimiento en el peso de los ingresos y reducción en el de los gastos (ambos hasta el 39%). Como pueden ver, un cambio realmente sustancial.
En la versión del Gobierno, los nuevos recursos 2019-2022 procederían del impuesto de Sociedades, del IRPF para las rentas más elevadas, sobre el diésel, del alza del impuesto del patrimonio para más de 10 millones y de las nuevas figuras que afectan a transacciones financieras (sobre compras de acciones españolas) y servicios digitales (un 3% para servicios de publicidad y venta de datos), amén de la lucha contra el fraude (destaca la reducción de los pagos en efectivo, de 2.500 a 1.000 euros, para profesionales y empresarios).
Lo más relevante de este programa es su moderación: ninguna medida ni ningún objetivo parecen excesivos. Pero, por ello mismo, muestra los límites en los acuerdos políticos que el presidente Sánchez pudiera alcanzar: algunos de sus potenciales socios no estarán por una política tan gradualista, y desearán modificaciones más radicales.
Y ahí radica la importancia del Programa de Estabilidad: con algunas modificaciones, será el que finalmente la Comisión apruebe, definiendo los márgenes de actuación de España. Con él, el terreno de juego para la legislatura está ya prácticamente cerrado. El contexto globalizador y nuestra pertenencia a la UE tienen eso: aunque las elecciones se efectúen aquí, el margen de maniobra nos lo definen en el exterior.