Adif introduce en sus contratos una cláusula contra el fraude
Cuando apenas ha pasado un mes y medio desde que Adif anunciara su intención de introducir cláusulas antifraude en sus contratos, ayer la gestora de las infraestructuras ferroviarias comunicó la entrada en vigor de esa decisión.
A partir de ahora sus nuevos pliegos de contratación incluirán una cláusula denominada de “integridad y lucha contra el fraude”. Con ella establece que las empresas que resulten adjudicatarias de un contrato de Adif asuman como obligación que “su participación se realizará de forma íntegra, ética y evitando la comisión de cualquier tipo de fraude”.
Así lo había prometido la compañía presidida por Isabel Pardo de Vera el pasado 27 de marzo, tras hacerse pública la sanción de la Comisión Nacional de Competencia (CNMC) a 15 compañías del sector eléctrico que, durante 14 años, se habían repartido de forma ilícita concursos de electrificación y electromecánica para los trenes convencionales y AVE por un precio total de casi 1.000 millones de euros.
A partir de ahora, Adif se cubre ante estas situaciones y obliga a “los licitadores y adjudicatarios a comprometerse a respetar los principios de igualdad, libre concurrencia, transparencia e integridad y a abstenerse de comportamientos colusorios o de competencia fraudulenta”. La nueva cláusula, entre otros requisitos, les exige también comunicar al órgano de contratación la existencia de conflictos de interés.
En caso de incumplimiento, Adif podrá excluir a la empresa incumplidora del procedimiento de licitación correspondiente. Incluso, si se dan las circunstancias que marca la ley, incluir a esa compañía en el listado de las “prohibidas para contratar con la Administración”.
Además, establece multas del 10% de la cuantía del contrato (sin incluir el IVA) por cada incumplimiento, hasta un máximo del 50% de la cuantía total de contrato.
La nueva cláusula también incluye la posibilidad de que Adif pueda rescindir el contrato con la empresa constructora “por causa imputable a este contratista”.
La normativa anunciada ayer contempla incluso que si una empresa que está prestando servicio a Adif es declarada en prohibición de contratar, por ejemplo, por haber sido condenada por delitos de fraude o tráfico de influencias mientras estuvo prestando servicios anteriormente para Adif, el contrato en vigor también podría resolverse.
Según explican fuentes de Adif, estas condiciones “no tienen carácter retroactivo, por lo que no se pueden aplicar a las compañías sancionadas en marzo”. Para ellas, la CNMC remitió, por primera vez, una resolución ante la Junta Consultiva de Contratación Pública para prohibirles contratar con la Administración, cuyo resultado final todavía está pendiente de resolución.